Tras concluir el procedimiento administrativo sancionador fueron inhabilitados para trabajar en el Estado hasta por 5 años.
Un total de 204 funcionarios y servidores públicos fueron inhabilitados por la Contraloría General para ejercer la función pública hasta por 5 años, debido a que cometieron infracciones administrativas graves o muy graves en la administración pública, de manera intencional o no ejercieron su función con diligencia, ocasionando un perjuicio al Estado.
Del total de inhabilitados para ejercer la función pública, 175 se encuentran con sanción vigente mientras que 29 cumplieron su sanción. El listado de los inhabilitados se encuentra publicada en el portal institucional de la Contraloría General y se actualiza al término de cada mes.
La presunta responsabilidad administrativa grave o muy grave fue identificada en los informes de control posterior y corroborada en un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) donde se respetó el debido proceso que incluye, entre otros, el derecho de defensa, el principio de legalidad y el de tipicidad. Cabe precisar que los hechos identificados y sancionados por el PAS corresponden a irregularidades que se concretaron desde la vigencia de la Ley N° 31288 que restituyó la capacidad de sanción de la entidad de control.
Al 29 de febrero del 2024, se ha iniciado un Procedimiento Administrativo Sancionador a un total de 1180 funcionarios y servidores públicos a quienes se les ha identificado presunta responsabilidad PAS en los informes de control posterior.
Lee también
De comprobarse su responsabilidad, aquellos funcionarios y servidores públicos que cometieron infracciones administrativas muy graves podrían ser inhabilitados para el ejercicio de la función pública de 1 hasta 5 años; mientras que aquellos que incurrieron en infracciones administrativas graves pueden ser sancionados con la inhabilitación inmediata para el ejercicio de la función pública durante 60 días hasta un máximo de un año.
La sanción administrativa PAS se aplica sin perjuicio de las acciones legales que se inicien en el Sistema de Justicia, en materia civil y penal, en virtud de los resultados de los informes de control que evidencian también dichos tipos de responsabilidad.
