En una lamentable injerencia en asuntos internos del Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que defiende los derechos humanos de los terroristas, ha exigido al Estado peruano la suspensión inmediata del trámite de la ley denominada «Ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000″.
A inicios de mes la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda votación el proyecto de ley. La propuesta ahora pasará a ser discutida en el pleno del Congreso.
ARGUMENTOS
Según el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, la amnistía responde a la necesidad de “reparar la deuda moral del Estado” con aquellos que participaron en la lucha contra el terrorismo y fueron procesados judicialmente. El congresista también señaló que más de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la PNP podrían beneficiarse de esta amnistía.
Rospigliosi aseguró que la amnistía busca corregir la “violación al plazo razonable” en los procesos judiciales de los policías y militares, a quienes, según su argumento, se les ha negado un juicio justo durante más de tres décadas.
El congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, defendió la amnistía, argumentando que muchos de los procesos judiciales carecen de pruebas y que es inadmisible que se mantengan juicios abiertos durante más de 30 años.
Montoya descartó que haya existido una política sistemática de desapariciones o asesinatos por parte de los militares y policías, asegurando que los excesos cometidos fueron juzgados y castigados.
CIDH SE ENTROMETE
Pese a ello, en una resolución emitida por la presidenta del Tribunal, la Corte advierte que, de no suspenderse el trámite, las autoridades peruanas deben abstenerse de promulgar o aplicar esta ley hasta que el organismo internacional cuente con los elementos necesarios para pronunciarse de fondo sobre su posible afectación a los derechos ya reconocidos en sentencias previas.
El pronunciamiento se enmarca en la supuesta supervisión del cumplimiento de las sentencias emitidas en 2001 y 2006 por los casos Barrios Altos y La Cantuta, en los que el Estado peruano fue hallado responsable de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y encubrimiento.
La Corte dijo falsamente que la ley que hace justicia con militares y policías se suma a otras iniciativas legislativas que podrían “debilitar el acceso a la justicia de las víctimas”.
AUDIENCIA
En ese contexto, el Tribunal ha convocado a una audiencia pública presencial el jueves 21 de agosto de 2025 en su sede de San José, Costa Rica. Esta se desarrollará entre las 17:15 y las 19:00 horas, durante el 179.º Período Ordinario de Sesiones, y contará con la participación del Estado peruano, las representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La finalidad será evaluar la solicitud de ampliación de las medidas provisionales y discutir los efectos jurídicos y sociales del proyecto de amnistía. Este nuevo pronunciamiento de la Corte IDH reafirma su compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos y con la vigencia del principio de justicia. La advertencia al Estado peruano es clara, no se puede legislar en contra de los estándares.
SIN VALOR
Hace unos días Rospigliosi fue consultado por la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare sin valor jurídico la aprobada ley de amnistía, el legislador fujimorista indicó que este ente supranacional “pueden hacer lo que les da la gana”.
“Eso no tiene ninguna importancia para el Perú, creo yo. Y si eso ocurriera, habría que hacer lo que hacía el presidente Belaunde con ese tipo de informes: echarlos al tacho de basura. Creo que la única institución que está autorizada para decir que una ley es inconstitucional es el Tribunal Constitucional. Es la única instancia que debemos reconocer los peruanos”, sostuvo.
No más persecución
Rospigliosi aseguró que la amnistía busca corregir la “violación al plazo razonable” en los procesos judiciales de los policías y militares, a quienes, según su argumento, se les ha negado un juicio justo durante más de tres décadas.
