Para realización de diligencias judiciales y evitar traslado de detenidos y víctimas hacia las salas de audiencia.
En un trabajo articulado, la Corte Superior de Piura y la Región Policial del departamento, implementaron cuatro cabinas digitales móviles para la realización de diligencias judiciales, las cuales están ubicadas en las comisarías de Chulucanas, Veintiséis de Octubre, Castilla y Piura.
Esta iniciativa tiene como propósito generar mayor celeridad en la realización de las audiencias con detenidos, así como para víctimas y personas en condición de vulnerabilidad, además de una mejor gestión de recursos humanos y logísticos.
El inicio de la puesta en marcha de estas cabinas, que forman parte del “Sistema de Cabinas Digitales en Comisarías, por una Justicia Virtual Inclusiva” (Sicadic), estuvo a cargo del presidente de ese distrito judicial, Jesús Lip Licham, y el jefe de la Región Policial, coronel PNP Edward Espinoza López.
Ambas autoridades comprobaron el funcionamiento de la cabina digital móvil de la comisaría de Castilla, en la cual lograron interconectarse, en tiempo real, con los funcionarios de la entidad judicial y oficiales de las otras comisarías interconectadas.
El Presidente de la Corte sostuvo que, con este sistema, los juzgados evitan el traslado de detenidos o víctimas a las salas de audiencias o a la carceleta judicial, según corresponda, ahorrando tiempo y recursos, tanto al Poder Judicial como a la Policía Nacional, además de ser una medida de prevención para evitar el contagio por covid-19.
Resaltó, además, que los equipos informáticos, que cuentan con acceso a internet, no solo estarán disponibles para las audiencias penales sino también para las diligencias de otras materias como familia civil, familia penal y familia tutelar.
Incluso beneficiará a los litigantes que no cuentan con medios informáticos para acceder a las audiencias o actos procesales virtuales dispuestos por los órganos jurisdiccionales.
Con esta iniciativa, la Corte de Piura busca trasladar al juez de manera virtual a las zonas urbanas o rurales, disminuyendo las brechas sociales y económicas que impiden el acceso a la justicia del poblador piurano carente de recursos económicos, lo cual fomenta una justicia inclusiva.
