El exmandatario suma otro frente judicial por presuntos sobornos en la Interoceánica Sur

El Poder Judicial dio luz verde para solicitar a Estados Unidos que el expresidente sea procesado por el Tramo 4 de la Interoceánica Sur. Fiscalía pide más de 24 años de cárcel por presuntos sobornos.

La justicia peruana sigue ampliando el cerco legal contra el expresidente Alejandro Toledo. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aprobó solicitar a Estados Unidos la ampliación de su extradición para que enfrente un nuevo proceso penal en el país, esta vez por el caso del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur.

La decisión responde a un pedido formulado previamente por el juez Richard Concepción Carhuancho, en el marco de una investigación que incluye un mandato de prisión preventiva de 30 meses. El tribunal supremo determinó que la solicitud cumple con todos los requisitos legales establecidos tanto en el tratado bilateral de extradición como en la normativa peruana.

Según la acusación fiscal, Toledo habría recibido sobornos de la constructora brasileña Camargo y Correa a cambio de favorecerla en la adjudicación de dicha obra. Por este caso, el Ministerio Público solicita una pena de 24 años y 8 meses de prisión por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos agravado.

La Corte Suprema también precisó que no existen impedimentos para tramitar el pedido ante las autoridades estadounidenses, ya que los delitos atribuidos no son de carácter político y cumplen con el principio de doble incriminación, requisito clave en procesos de extradición.

Tras esta aprobación, el expediente será remitido al Ministerio de Justicia para que continúe el trámite por la vía diplomática ante Estados Unidos, país que deberá evaluar si autoriza esta nueva ampliación del proceso contra el exmandatario.

Cabe recordar que Toledo ya cumple condena en el penal de Barbadillo tras ser sentenciado por otros casos vinculados a corrupción, incluyendo la Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) y el caso Ecoteva, acumulando más de tres décadas de prisión en total.

Con este nuevo avance judicial, el exjefe de Estado podría enfrentar otro proceso que agravaría aún más su situación legal, en uno de los capítulos más emblemáticos de los casos de corrupción vinculados al proyecto Odebrecht en el Perú.