El máximo tribunal ratificó y modificó penas contra exmiembros del Grupo Colina, anuló absoluciones y estableció que los crímenes de lesa humanidad no están sujetos a prescripción. Esto ocurre pese a la norma aprobada por el Congreso.
La Corte Suprema emitió un fallo definitivo que reafirma la responsabilidad penal de exintegrantes del Grupo Colina por el asesinato de Mariela Barreto. Además, rechazó la aplicación de la Ley 32107 como mecanismo de prescripción y reforzó los estándares judiciales en materia de graves violaciones a los derechos humanos.
¿Qué resolvió la Corte Suprema?
En su sentencia de casación, la Sala Penal Permanente confirmó la validez de las condenas impuestas en instancias previas contra exagentes vinculados al Grupo Colina. Asimismo, corrigió decisiones anteriores al incrementar algunas penas. También, dejó sin efecto absoluciones que habían sido cuestionadas por la Fiscalía y los abogados de las víctimas.
El tribunal señaló que los hechos acreditados forman parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos fundamentales y que, por su naturaleza, no pueden ser alcanzados por plazos de prescripción ordinarios.
¿Por qué no aplica la Ley 32107?
La Corte Suprema descartó el pedido de prescripción basado en la Ley 32107, norma impulsada por el Congreso para limitar la persecución penal en ciertos casos. Los magistrados concluyeron que dicha disposición no puede prevalecer sobre obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos.
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El fallo recordó que el Perú está sujeto a tratados que impiden la impunidad en crímenes de lesa humanidad. Ese criterio ya ha sido reiterado por el sistema interamericano de justicia.
¿Cómo quedan las penas contra el Grupo Colina?
Con la resolución final, se mantienen las sanciones principales contra los procesados y se agravan algunas condenas individuales. También se restituye la responsabilidad penal de exmiembros del Grupo Colina que habían sido absueltos en etapas anteriores del proceso.
La decisión judicial cierra la vía ordinaria interna para cuestionar la responsabilidad penal en este caso, salvo recursos excepcionales.
Caso Mariela Barreto
Mariela Barreto, militante y dirigente social, fue asesinada en 1992 en el marco de operaciones encubiertas atribuidas al Grupo Colina. Su caso forma parte de investigaciones más amplias sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el conflicto interno.
Organismos de derechos humanos han sostenido que este tipo de procesos son claves para garantizar verdad, justicia y reparación. Además, sirven para prevenir la repetición de hechos similares.
