El Poder Judicial evaluará si continúan vigentes los presupuestos que sustentaron la medida impuesta contra el exmandatario.

La Corte Suprema evaluará este miércoles 30 de septiembre si corresponde mantener vigente la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, en el marco de la investigación preparatoria relacionada con los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda. La audiencia virtual comenzará a las 8:30 a. m. y estará a cargo del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley.

La diligencia corresponde a una revisión de oficio de la medida coercitiva. En esta audiencia, el magistrado analizará si continúan vigentes los presupuestos que fueron considerados para imponer la prisión preventiva al exmandatario dentro de esta investigación.

El proceso comprende los presuntos delitos de organización criminal, colusión simple y tráfico de influencias agravado, en perjuicio del Estado y la sociedad. Durante la audiencia también serán escuchadas las demás partes procesales antes de que el juez adopte una decisión.

Para garantizar la participación de Castillo, quien permanece recluido en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, en Ate, el magistrado solicitó a las autoridades del penal que adopten las medidas necesarias para que el exmandatario pueda conectarse de manera virtual a la diligencia.

La revisión se realiza en aplicación del Decreto Legislativo 1585, promulgado el 22 de noviembre de 2023, y de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, que contempla la revisión periódica de las medidas de prisión preventiva. El objetivo de este procedimiento es determinar si las condiciones que justificaron la medida continúan vigentes.

En febrero de este año, el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela dispuso prolongar por 12 meses adicionales la prisión preventiva que pesaba sobre Castillo por esta investigación. La medida había sido impuesta inicialmente en marzo de 2023 y posteriormente fue confirmada en segunda instancia por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Esta revisión corresponde al proceso por los casos de presunta organización criminal y otros delitos vinculados con hechos relacionados con Petroperú, el Ministerio de Vivienda y el proyecto Puente Tarata. La Corte Suprema ya había establecido anteriormente la vigencia de la medida dentro de esta investigación.

La situación penitenciaria de Castillo también está relacionada con otro proceso judicial distinto, derivado de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y la intervención de otras instituciones del Estado.

En ese segundo proceso, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al exmandatario el 4 de diciembre de 2025 a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, según la información proporcionada para esta nota.

La audiencia de este miércoles se concentrará en determinar la vigencia de la prisión preventiva correspondiente a la investigación por Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda. Tras escuchar a las partes, el juez Juan Carlos Checkley deberá emitir la decisión correspondiente sobre la continuidad de esta medida.