Dos meses antes de comicios

El 11 de febrero de 2026, dos meses antes de las elecciones generales, el entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto recibió una carta formal de la empresa AFE, competidora de Gálaga S.A.C., sobre un inminente riesgo de corrupción y filtración de información privilegiada en un proceso de contratación previo, destinado al despliegue de material electoral e informático para la capacitación de personal.

De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, la información llegó a Corvetto de manera oportuna, en la instancia previa a la adjudicación. No obstante, dicha alarma documentada fue archivada.

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Aquel proceso de febrero culminó con la entrega de la buena pro a Galaga por 2.3 millones de soles, pese a que su contendor más cercano, el consorcio AFE, presentó una propuesta económica casi medio millón de soles más barata.

El mecanismo para asegurar esta victoria ha sido calificado por Marco Montoya, experto en contrataciones con el Estado, como «atípico». Las reglas de juego establecidas por la ONPE permitieron que los postores conocieran primero los resultados de la evaluación técnica.

Al saberse empatada en el primer lugar con el máximo puntaje, Galaga tuvo el margen perfecto para presentar una oferta económica sospechosamente cercana al presupuesto límite de la entidad, el cual ascendía a S/ 2 350 000 y debía mantenerse en secreto para salvaguardar los recursos del Estado.

A esto se sumó la flexibilización de los términos de referencia. Mientras a otras empresas se les exigían flotas modernas y rigurosos estándares, los requisitos técnicos parecieron ajustarse a la capacidad de Galaga. Incluso la empresa Hermes, otro actor del sector, denunció públicamente que las bases del concurso fueron modificadas a última hora, restándoles competitividad.