Según tesis fiscal, Agustín Lozano viajó para concretar faenón y entregó dinero a clubes amigos para lograr respaldo
El fiscal Juan Orihuela Legonia acusó al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, de tres graves delitos: el contrato de cesión de derechos de transmisión de los partidos a favor de la compañía chilena 1190 Sports, el desembolso de fondos de la institución a dirigentes departamentales para mantenerse en el poder durante dos periodos, y la disposición de recursos de la federación para miembros de su entorno.
Y todo se agravó debido a que uno de los implicados en la red criminal echó al mandamás de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
Ante esta situación, el juez Richard Concepción Carhuancho no dudó en acoger la solicitud del fiscal Orihuela para detener por 15 días a 13 integrantes de lo que ha llamado la “red criminal” de Lozano, casi todos miembros de la directiva de la FPP y de la Comisión de Derechos de Televisión de la misma federación, que tuvieron participación en el contrato de la empresa 1190 Sports.
Para el fiscal Orihuela, los implicados encabezados por Agustín Lozano, conspiraron para orientar la cesión derechos de transmisión de los encuentros futbolísticos, con el propósito de favorecer a la compañía 1190 Sports, de propiedad del chileno David Belmar Torres.
La ejecución del plan mafioso le fue encargada a la Comisión de Derechos de Televisión de la FPF, integrada por Joel Raffo Olcese, Jean Robillard Ibárcena, Gisella Mandriotti, Raúl Bao García y Rolando Bellido Aedo. El primero de los nombrados, Joel Raffo Olcese, es familiar de Diego Delgado Raffo, representante de la empresa chilena Prisma SpA, a la que Agustín Lozano encargó comercializar los derechos de transmisión de la FPF y es quien contactó con la chilena 1190 Sports.
Según la revelación fiscal, Agustín Lozano, antes que concluya el proceso de licitación de la FPF para la cesión de derechos de transmisión de los encuentros futbolísticos, viajó a Chile para negociar directamente con la empresa 1190 Sports, la que fue al final contratada. Todos los miembros de la junta directiva de la FPF estaban enterados de la actuación de Lozano, ya que el mismo Lozano les informó de sus entrevistas en Chile con 1190 Sports, pese a que no contaba con facultades para dicha función.
Por el contrato con 1190 Sports, el mandato de detención alcanzó a Joel Raffo Olcese, Jean Robillard Ibárcena y Gisella Mandriotti, integrantes de la comisión de la FPF que promovió la contratación de 1190 Sports. Joel Raffo y Gisella Mandrioti son presidentes de los clubes Sporting Cristal y Cantolao, pero el caso contra estos está vinculado por su presunta pertenencia a organización criminal liderada por Agustín Lozano, conforme la imputación fiscal.
Como la cesión de derechos de transmisión a la compañía chilena 1190 Sports generó rechazo por parte de un sector de los clubes de fútbol, Lozano y miembros de la directiva de la FPF aprobaron la modificación del reglamento de la Liga 1 para sancionar con severidad a los opositores. Entre los directivos que se sumaron a la arbitraria decisión de Agustín Lozano se cuentan José Isla Montaño y Genaro Miñán Armanza, para quienes también se dictó orden de detención. También intervinieron el secretario general de la institución, Jean Robi – lliard Ibárcena, y la secretaria general adjunta, Sabrina Martin Zamalloa, por lo que fueron incluidos en los mandatos de captura.
Para contar con el respaldo y el voto de los dirigentes departamentales de fútbol, Agustín Lozano recurrió a los fondos de la FPF para ganarse la lealtad de los clubes, especialmente cuando suscribió el contrato con 1190 Sports. Uno de los integrantes de la directiva y del comité de la FPF que seleccionó a la empresa chilena, Raúl Bao García, confirmó ante la fiscalía la repartija de dinero.
“Sí, tengo conocimiento que se les ha entregado (a los clubes que apoyaban a Lozano) ese monto (US$500.000) a todos los clubes de la Liga 1 para el año 2023 a raíz del contrato con 1190 Sports. Fue entregado de manera no reembolsable, desconociendo la forma de entrega de ese dinero”, admitió Raúl Bao ante la fiscalía.
Además de las declaraciones de varios de los directivos, el fiscal Juan Orihuela obtuvo copias de las actas de todas las sesiones del directorio de la FPF donde se consigna la aprobación de la repartición de los fondos que Lozano consiguió al contratar con 1190 Sports, en las que se acredita la identidad de los directivos que aprobaron por unanimidad la distribución del dinero.
Participaron los directivos Franklin Chuqui – zuta Alvarado, Juan Quispe Cáceres y el secretario general de la FPF Óscar Chiri Gutiérrez, para quienes se dispuso orden de detención.
El fiscal Juan Orihuela describe entre los 14 episodios de presunta corrupción protagonizados por Agustín Lozano y los miembros de la presunta red que lideraba, viajes al extranjero pagados con fondos de la FPF en beneficio de personas que no tenían ninguna relación con las actividades deportivas de la institución.
Por ejemplo, le entregó US$17.000 en efectivo a su “operadora” Norma Alva Vidal para cubrir los gastos de Lozano y sus invitados durante el viaje a Barcelona, España, y Doha, Catar, para encuentros futbolísticos de la selección del Perú acontecidos el 5 y el 13 de junio de 2022.
Según el fiscal Juan Orihuela, Lozano dispuso los fondos de la institución porque sus invitados “eran ajenos al ámbito futbolístico nacional (…), a quienes benefició con recursos de la FPF”.
Lozano también compró la deuda a clubes de la Liga 1 y Liga 2, fondos que no han retornado a la FPF. Y adelantó la cesión de derechos de televisión a favor de los clubes Alianza UDH, Carlos Stein, Atlético Grau y Club Deportivo Llacuabamba. Además, cubrió indebidamente los gastos del presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Piura, Hugo Vizcarra Herrera, cuando este enfermó. Y repartió fondos a dirigentes departamentales de fútbol durante la epidemia Covid-19, a lo que se suma que indemniza sin fundamento al club Carlos Stein por US$250.000.
El fiscal atribuye a los detenidos los delitos de organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, corrupción en el ámbito privado, coacción y lavado de activos. Por ahora la orden de detención es para 13 personas, pero la organización la integran 21, conforme a la fiscalía.
