Especialistas advierten sobre desigualdad en acceso a medicinas esenciales. Colegio Médico del Perú cuestiona eficacia de las nuevas boticas públicas.
La implementación de más de 100 boticas públicas denominadas FarmaMinsa, proyectada por el Ministerio de Salud (Minsa) para el 2026, ha desatado controversia. Según el Colegio Médico del Perú (CMP), esta iniciativa contradice el principio de garantizar la entrega gratuita de medicamentos esenciales a las personas más vulnerables, especialmente aquellas afiliadas al Seguro Integral de Salud (SIS).
Pedro Riega, decano del CMP, criticó que se priorice la venta de fármacos a precios reducidos en lugar de abordar el desabastecimiento crónico en los centros de salud. “El Minsa tiene el deber de proporcionar medicamentos gratuitos a quienes más los necesitan. Las FarmaMinsa no son una solución al problema de fondo, que es la falta de insumos básicos en las regiones más necesitadas”, enfatizó.
Riega también señaló fallas en el sistema de compras centralizadas a cargo del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), que ha mostrado serias deficiencias en la distribución de medicamentos. Según el decano, la falta de planificación y las limitaciones logísticas podrían agravar el problema, alejándose de las verdaderas necesidades de la población.
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Además, advirtió que esta política podría generar mayor desigualdad en el acceso a tratamientos integrales, afectando especialmente a las zonas más alejadas y con menor capacidad económica.
Respuesta del Minsa
Frente a las críticas, el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, defendió la iniciativa. Según explicó, las FarmaMinsa buscan ofrecer medicamentos a precios significativamente menores que los de las farmacias privadas, permitiendo a pacientes con enfermedades crónicas acceder a tratamientos continuos.
Peña aseguró que los precios en estas boticas son entre cinco y diez veces más bajos, lo que beneficiaría a miles de familias. Actualmente, ya funcionan 12 FarmaMinsa, siendo la más reciente inaugurada en el distrito de Lince.
Sin embargo, especialistas como Riega sostienen que garantizar precios bajos no debe ser un sustituto de la obligación estatal de ofrecer medicamentos gratuitos, una medida fundamental para cerrar brechas de desigualdad en salud. La discusión sigue abierta, mientras la población espera soluciones efectivas a la crisis del sistema de abastecimiento.
