Por: Edgardo Palomino Martínez / A fines de diciembre de 2012, a escasos 2 meses y días de llevarse a cabo la Consulta Popular de Revocatoria para la remoción de Susana Villarán de la Puente, todo hacía prever que era inminente que ella sería vacada del cargo, pues durante los dos primeros años de su gestión edil, en promedio, sólo había tenido un 20% de respaldo.
El 3 de enero de 2013, la jefa y vocera por el “No”, Anel Townsend, admitió públicamente la contratación de Luis Favre como estratega de la campaña; y, que Salomón Lerner era quien había propuesto contratarlo. Townsend no pudo explicar cuánto se le iba pagar ni de dónde provendrían los fondos para ello, pero sí aseguró se le pagaría con recursos privados.
La contratación de Favre por el Comité Ciudadano por el “No” fue duramente criticado en todos los medios, pues de ello se infería que alcaldesa capitalina habría optado por defender los contratos con Odebrecht y OAS, a las que la Municipalidad de Lima adjudicó proyectos por US$500 millones y US$700 millones, respectivamente.
En las semanas siguientes al anuncio de la contratación de Favre, Marisa Glave y su equipo de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano debieron estar muy ocupados con estudios y elaboración de dictámenes, pues el 9 de enero de 2013 la MML suscribió con Odebrecht el Contrato de Concesión del Proyecto “Vías Nuevas de Lima”; y, el 13 de febrero siguiente se firmó a favor de OAS la “Adenda N° 1 del Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla”.
Y casualmente era la Adenda N° 1 con LAMSAC/OAS lo que Víctor Andrés García Belaúnde debatía con Marisa Glave en marzo de 2016 cuando ella confesó que quien personal y directamente era la que veía estos contratos con las constructoras extranjeras.
García Belaúnde aducía que lo acordado con OAS en la Adenda no era beneficioso para la Ciudad de Lima, pues importaba un mayor gasto para el erario municipal; incrementaba el plazo de la concesión de 30 a 40 años; y, autorizaba el incremento de los peajes, lo que sucedió en diciembre de 2013 cuando el peaje de la Vía de Evitamiento de S/.3.00 a S/.4.00. Por su parte, Glave defendía “su” Adenda, argumentando a que gracias a ella la empresa brasilera debía destinar fondos de la concesión para el proyecto Río Verde por US$74.5 millones; la construcción de un viaducto en SJL y zonas del centro histórico de Lima por US$29 millones; y, que la participación de la MML equivalente al 7% de los peajes representaba en el tiempo un ingreso de US$200 Millones.
Lo cierto es que luego de la suscripción de los acuerdos con Odebrecht y LAMSAC/OAS, el Comité Ciudadano por el “No” contó con cuantiosos recursos para financiar su campaña que evitó la revocatoria de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, pero no la vacancia de varios, sino todos, sus regidores, entre ellos Marisa Glave.
Con el tiempo, durante las investigaciones por corrupción durante la gestión Villarán en la MML, de la boca del propio Luis Favre se conocería que la “Campaña por el NO” fue pagada por Odebrecht y OAS, y que por sus servicios de asesoría en “Marketing Político”, las constructoras brasileras habían pagado directamente a FX Comunicación Global, de propiedad de Valdemir Garreta, un honorario de US$3 Millones.
Respecto al “Plan Río Verde” que OAS se obligó a ejecutar en virtud de la Adenda N° 1, consistente en la construcción de un malecón de 2.5 km entre la alameda Chabuca Granda y el Parque de la Muralla, las edificaciones de puentes peatonales y la implementación de áreas verdes, tenía como único inconveniente la necesidad de reubicar a los pobladores Shipibo-Konibo establecidos en Cantagallo en un terreno a ser adquirido por la Municipalidad.
Para la reubicación indicada, la Comisión de Desarrollo Urbano había identificado un terreno de poco más de 7,000 metros cuadrados ubicado en Campoy, San Juan de Lurigancho; y, que sus propietarios habían adquirido por la suma de US$1’142,580.80. Este terreno que tenía como inconveniente no contar con la zonificación adecuada para la reubicación de los Shipibo-Konibo.
En febrero del 2011 la empresa Portal Campoy SAC, sin ser aún la propietaria del terreno, solicita a la MML el cambio de zonificación; y, el 29 de diciembre de 2011, con plena certeza que su solicitud sería declarada procedente –y en función a ello el precio del terreno subiría–, esta empresa adquirió el terreno por la suma de US$2’502,822.77.
En febrero del 2012, la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano presidida por Marisa Glave emitió el DICTAMEN N°010-2012 con conclusión favorable al cambio de zonificación solicitado por Portal Campoy SAC.
Según denuncia formulada por la entonces congresista Yeni Vilcatoma, presentada a la Coordinadora Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios el 23 de agosto de 2019, el cambio de zonificación habría sido concertado entre la empresa Portales Campoy y la entonces regidora Marisa Glave.
El 14 de febrero de 2013 se publicó la Ordenanza N° 1587-MML que modificaba la zonificación del terreno de Campoy, con lo que quedaba allanado el camino para que la MML lo adquiriese, como posteriormente lo hizo, para la reubicación de comunidad Shipibo-Konibo.
El 7 de octubre de 2014, la MML adquirió de Portal Campoy SAC, por la suma de US$4’641,735.00,el terreno que la Comisión de Desarrollo Urbano presidida por Marisa Glave habría elegido para reubicar a la comunidad Shipibo-Konibo que habitaba en Cantagallo, pagando un sobreprecio de US$2’138,912.00, en razón del cambio de zonificación.
Con todos estos indicios: ¿Por qué el Ministerio Público estaría blindando a Marisa Glave y no la investiga y procesa como presunta “Jefa de Planificación” de la organización criminal que Susana Villarán habría dirigido?
(*) Abogado
