Por: Edgardo Palomino Martínez / “ Sigan el dinero…” es una frase que la historia del periodismo atribuye a Mark Felt, Director Asociado del FBI, el informante conocido como “Garganta Profunda”, que ayudó a los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein del Washington Post a destapar el “Caso Watergate”, una de las causas por las que Richard Nixon renunciaría a la Presidencia de los Estados Unidos de América en 1974.
Y la recomendación de Felt ha resultado oportuna para las investigaciones que hemos realizado, pues seguir el dinero de la “Campaña por el NO” y a aquellos que habrían seguido la ruta de éste –antes, durante y después de la consulta para la revocatoria de Villarán– nos han conducido a descubrir una serie de indicios que deben ser investigados para que la verdad se revele y se haga justicia como corresponde.
De acuerdo al movimiento de fondos de la “Campaña por el NO” que la Fiscalía presenta a fojas 62 y 63 del “requerimiento de variación de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva Susana Villarán y otros”, de fecha 07 de mayo de 2019, la campaña se habría financiado con S/ 1’614,321.50 aportados por simpatizantes de la Villarán a través de la “Asociación Amigos de Lima” y de los colectivos a favor del “No”, US$3 Millones “contribuidos” por Odebrecht y otros US$3 Millones “aportados” por OAS.
Respecto a los egresos de campaña, la Fiscalía ha acreditado que los servicios de FX Comunicaciones, pagados en el exterior, ascendieron a US$3 Millones (US$ 2 Millones pagados por Odebrecht y US$ 1 Millón pagados por OAS).
Asimismo, la Fiscalía ha identificado que los egresos locales de campaña no ascendieron a la suma de S/.1’612,322.00 como se declaró a la ONPE, sino a S/.5’738,737.49; importe que se habría solventado con las contribuciones locales por S/.1’614,321.50; US$1 Millón (aproximadamente equivalente a S/.2.58 Millones) que Jorge Barata entregó a José Miguel Gamarra; y, US$700,000 (aproximadamente equivalente a S/.1.8 Millones) provenientes de los US$2 Millones que OAS trajo al país a través de “Doleiros”.
Estos egresos se habrían aplicado a pagar los honorarios de Favre declarados en US$150 mil, así como para solventar pagos para medios de comunicación, periodistas “mermeleros”, macropaneles, movilizaciones, mítines, volantes, posters, banners, personeros, entre otros conceptos.
Finalmente, una sencilla matemática sobre las cifras presentadas por la Fiscalía, lleva a concluir que una suma aproximada a US$1.3 Millones, que ingresaron al país a través de “Doleiros”, no habría sido aplicada a la campaña; y, asimismo, a preguntar: ¿Por qué la Fiscalía no habría hecho mención alguna a este hecho en el “requerimiento de prisión preventiva de Susana Villarán y otros”? y ¿Por qué no habría indagado que sucedió con esos US$1.3 Millones?
Nuestra hipótesis, sobre la base de indicios que obran en poder del Ministerio Público, así como otros que hemos conocido a través de entes públicos y noticias de la época, nos llevan a considerar que Anel Townsend, como Jefa de la “Campaña por el NO” y administradora de sus fondos, habría quedado como custodia de los US$1.3 Millones; así como encargada de “sacarlos” al extranjero, de una manera similar a la que había ingresado: es decir, sin pasar por el Sistema Financiero Nacional para no despertar sospechas; pues tanto por la forma en como ingresaron al país, como aquél que se emplearía para su remesa al exterior, resultarían siendo ilegales e ilícitos.
¿Cuántos casos hay en la “historia del crimen organizado” en los que un miembro de la organización guarda “el botín” por el tiempo necesario para que “se enfríen las cosas”, para después proceder a su distribución sin levantar sospechas? Incontables.
A mediados de febrero de 2013, Guillermo (“Willy”) Gonzales Arica, esposo de Anel Townsend, fue nombrado Embajador “Político” del Perú en Honduras. Por ende, los Gonzales-Townsend debían mudar su residencia a Tegucigalpa; y, con ello no sólo empacar maletas, sino también menaje personal y de casa, en un volumen que entrase en un contenedor de 20 pies cúbicos; embalajes que, por reciprocidad diplomática, usualmente no pasarían por una revisión aduanera profunda.
¿Cómo llegó “Willy” –hombre de confianza del expresidente Toledo y muy allegado a él– al cargo de Embajador “Político”, durante “tiempos de tormenta” en los que se destapaba el “Caso ECOTEVA”, con gran revuelo por parte de la prensa local; y, cuando en el Congreso se estaba produciendo un alejamiento entre el partido de Gobierno y Perú Posible? A ciencia cierta no lo sabemos, pero sospechamos que no fue por casualidad.
Una de las formas de llegar a ser Embajador “Político”, cuyo nombramiento es una prerrogativa del Presidente de la República, es a pedido de una “persona poderosa” con influencia sobre el Primer Mandatario del País; es decir, como favor político a dicha “persona de poder”.
La prudencia ordena que nuestra hipótesis se base en que Susana Villarán habría pedido “el favor”, directamente o por interpósita persona. Cuál haya sido el medio por el que Villarán lo solicitó, por el momento es irrelevante.
Así, “quedando todo en familia”, Anel Townsend, que se habría quedado en Lima hasta después de concluida la consulta popular por la revocatoria, en su condición de jefa de campaña y a cargo de los fondos de la misma, presuntamente, habría sacado del país de manera oculta –dentro de maletas y menajes–, con destino a Honduras, el excedente de US$1.3 Millones que no fueron aplicados a la “Campaña por el NO”; y, para ello, habría hecho uso de las ventajas y privilegios que le otorgaba la calidad de diplomática que ostentaba por ser cónyuge de un Embajador.
Esta hipótesis resultaría del todo descabellada sino fuera que hechos posteriores aportarían indicios que lo antes mencionado es plausible.
Si a nivel mundial los bancos no suelen financiar restaurantes por tratarse de negocios de alto riesgo, salvo que los créditos que otorguen para tales efectos estén respaldados por garantías pecuniarias (fianzas bancarias o prendas dinerarias); y, los ahorros del sueldo de Embajador (luego de impuestos) no habría alcanzado para ello: ¿cómo justifica la sociedad conyugal Gonzales-Townsend haber contado con el capital necesario para la apertura, en el año 2017, de una cadena de cinco restaurantes en Tegucigalpa, Honduras?
Cuando la congresista de Fuerza Popular Milagros Salazar pidió que se investigará este hecho: ¿por qué el Ministerio Público no lo hizo?
Así también, como relataremos en la próxima crónica, hay que considerar que ciertos personajes vinculados a la Villarán habrían visitado a “Willy” y Anel en Tegucigalpa, teniendo como posible tesis que lo hicieron para trasladar a Panamá gran parte de los aproximadamente US$1.3 Millones.
(*) Abogado
