Por: Edgardo Palomino Martínez / “Por órdenes de Leo Pinheiro presidente de OAS, Roberto Trombeta, contador ligado a la constructora OAS que está implicado en el pago de sobornos para el proyecto Línea Amarilla, se instaló en Panamá a fines de enero y comienzos de febrero de 2013, a los fines de repartir coimas para obras no solo en el Perú (…); y, Rey viajó en esas fechas a Panamá, por un acuerdo del consejo metropolitano…” (Jorge Villena, exregidor de Lima por el PPC durante la gestión de Villarán, luego del “destape” en mayo de 2019 de los correos entre Augusto Rey y OAS). Como en política, y menos en casos vinculados con corrupción, no existen coincidencias, sobre los antecedentes a dicha fecha, hay que elaborar una hipótesis que explique en condición de qué viajó Augusto Rey a Panamá, porqué y para qué. La nuestra es la que a continuación se presenta.
Al ingresar la administración Villarán a la MML en enero del 2011, ésta decidió la revisión de los contratos con las constructoras brasileras, lo que habría generado una situación de tensión entre las partes. Para “suavizar” las relaciones entre ellas la MML habría requerido de una persona que fuese empática, con conocimiento legal y de confianza; cualidades que Augusto Rey reunía.
Para ser contratado por la comuna limeña en el año 2011, cumpliendo los requisitos legales que se exigían para el cargo a través del cual fue contratado, Rey
que no los cumplía, proporcionó información falsa y documentos con contenido falso, los que aseguraban que era abogado y que contaba con los años de experiencia profesional requeridos. Así queda claro que Augusto Rey fue contratado para encargarse de temas muy distintos a los legales, aun cuando vinculados a ellos.
Los correos cursados entre Rey y OAS, hechos públicos de mayo de 2019, revelarían que si bien estaba destacado a la Gerencia de Promoción de Inversión Privada de la MML como asesor legal; Rey más bien fungía como “Jefe de Relaciones Institucionales con las constructoras brasileras y terceros” dentro de la supuesta organización criminal que Villarán habría dirigido; con poder y mando, a tal extremo, que ordenó a Castro Gutiérrez que la firma con Odebrecht de la Concesión “Vías Nuevas de Lima” fuese a “puerta cerrada” y sin prensa.
Sino, ¿de que otra manera podemos entender los correos cursados entre Rey por la MML y André Bianchi y Valfredo de Assis, respectivamente, Gerente General y Representante Legal de OAS?
Correos intercambiados entre ellos sobre “panetoncitos” y “regalitos navideños” resultarían irrelevantes, salvo que se traten de “codinomes” para sobornos y coimas.
Preocupa sí las coordinaciones con OAS para la suscripción en el 2012 de un “Acta Contrato” que, violando la Ley, obligaba a la MML a celebrar un contrato definitivo a futuro, que no sería otro que la famosa Addenda N° 1 de 13 de febrero de 2013, que incrementó formalmente el plazo de la concesión a favor de OAS de 30 a 40 años; y, autorizaba el incremento de los peajes, lo que sucedió en diciembre de 2013 cuando el peaje de la Vía de Evitamiento subió de S/.3.00 a S/.4.00.
Copia de esta “Acta Contrato”, ilegal e inexigible, Rey solícitamente la envió a OAS sin firmar. Ello permitió a la brasilera OAS que vendiese acciones que tenía en LAMSAC a INVEPAR, con una ganancia millonaria; y, de paso, a que Castro Gutiérrez, supuestamente, cobrase una coima por su suscripción, que la constructora brasilera reclamó a Rey, como si éste fuese un “par” o el superior del Gerente Municipal.
Para cuando Augusto Rey llegó a Panamá, las diferencias entre las constructoras brasileras y la presunta “Cúpula” de la organización criminal que Villarán habría dirigido, ya se habrían resuelto casi en su totalidad.
Townsend ya era la Jefa y Vocera de la Campaña; FX Comunicaciones y Favre ya estaban contratados; y, ya se había firmado a favor de Odebrecht la “Concesión Nuevas Vías de Lima”. ¿Qué faltaba? Formalizar el famoso ilegal “Acuerdo Contrato” de 2012 que tenía menos valor lega que el papel en que estaba suscrito.
Rey habría llegado, en su condición de “Jefe de Relaciones Institucionales” de la supuesta asociación ilícita enquistada en la MML, con instrucciones claras de Villarán y Glave para coordinar la firma de la “Adenda N° 1”; y, de éstas y de Townsend para coordinar la recepción de fondos a través de “Doleiros”, tal como el Ministerio Público lo ha acreditado; lo que no descartaría el pago de coimas a favor de “La Cúpula” que quedarían a salvo en Panamá.
Punto aparte, y ábrase paréntesis.
En el año 2016, el procurador de la MML interpuso denuncia contra Augusto Rey, ante la 30 Fiscalía Provincial de Lima (Caso 131-2016), por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y genérica, así como por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y otros similares, en conexión con las declaraciones y documentos que presentó para su contratación en el 2011.
A noviembre de 2017 el Fiscal Provincial hasta en tres oportunidades se negó a abrir la investigación preliminar, hasta en tres oportunidades la MML formuló queja por la inacción del Fiscal Provincial, y hasta en tres oportunidades la Fiscalía Superior ordenó que se procediese con la investigación de Ley.
Respecto a la denuncia contra Rey, lo cierto es que la procuraduría municipal le hizo tenaz seguimiento hasta el término del mandato de Castañeda, sin resultado conocido alguno. Los abogados ediles habrían llegado a la presunción que Rey, por alguna razón, estaba siendo “blindado”.
Ciérrese paréntesis y punto aparte. Augusto Rey sostiene en su hoja de vida que él fue el artífice de la “Adenda N° 1” suscrita con OAS, así como ser el asesor legal y político del “Contrato de Concesión Nuevas Vías de Lima”, ambos suscritos el primer bimestre de 2013. Ello significa que trabajó “codo a codo” con Marisa Glave.
Según los correos intercambiados con OAS, de igual manera trabajó con Castro Gutiérrez.
Estos correos demuestran que Augusto Rey fue parte de “La Cúpula” la presunta organización criminal que Villarán dirigió, como “Jefe de Relaciones Institucionales” de la misma.
Con Augusto Rey ya serían cinco las personas plenamente identificadas de la mencionada asociación ilícita, pero como dice Enrique Ghersi, la izquierda y el IDL enquistados en el Ministerio Público, los blindan.
(*) Abogado
