Fue gerente de Finanzas, presidente del Directorio, renunció por sanción de la Contraloría y regresó como director y ahora designado vicepresidente y hoy miembro de la junta de accionistas de Petroperú Invest SAC.

En un escandaloso alarde de blindaje político e impunidad burocrática, el economista Carlos Adrián Linares Peñaloza ha logrado consolidarse nuevamente en la cúspide de Petroperú.

Lejos de rendir cuentas por una gestión pasada plagada de decisiones financieras ruinosas o por la tacha ética que supuso su reciente inhabilitación para ejercer cargos públicos, el sindicado operador del Ministerio de Economía y Finanzas dentro de la petrolera estatal se mantiene en el poder.

Con casi cinco años acumulados en la empresa repartidos en tres periodos, Linares encarna la perversa dinámica de la puerta giratoria donde los malos manejos y las sanciones administrativas parecen ser credencial perfecto para conseguir ascensos en el Estado.

ENDEUDAMIENTO

El historial operativo de Linares en la petrolera se remonta a su paso como Gerente Corporativo de Finanzas entre 2015 y 2019, etapa en la que diseñó el endeudamiento para la modernización de la Refinería de Talara.

Cuando dejó la gerencia para presidir la Corporación Financiera de Desarrollo, el funcionario no dudó en recurrir a la cuestionable figura del destaque administrativo, un privilegio que le permitió mantener amarrada su plaza en Petroperú hasta el año 2021.

DESCRÉDITO

Su entronización en el máximo órgano directivo ocurrió el primero de marzo de 2024 al asumir la Presidencia del Directorio, una gestión efímera que duró apenas dos meses y terminó en absoluto descrédito.

El 26 de abril de 2024 se vio forzado a dimitir tras la ratificación de un fallo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República, que lo sancionó con un año de inhabilitación para la función pública tras detectarse irregularidades y mal manejo en el uso de los fondos de la caja chica de la Gerencia General de COFIDE. A pesar de que Linares intentó victimizarse tildando el castigo de arbitrario, la sanción fue categórica y lo obligó a salir por la puerta trasera.

MANIOBRA

Sin embargo, el aparente castigo no fue más que un cómodo descanso. Apenas transcurrieron los doce meses de su inhabilitación, el Ejecutivo y la tecnocracia del MEF se apresuraron en rescatarlo del ostracismo el 31 de marzo de 2026.

En una maniobra de reacomodo exprés, Linares no solo fue nombrado Vicepresidente del Directorio de Petroperú, sino que además se le otorgó una silla como miembro de la junta de accionistas de la filial Petroperú Invest SAC, demostrando la red de protección institucional de la que goza un funcionario a quien los sectores oficiales tratan como si fuera un activo indispensable.

NEFASTO LEGADO

Este escandaloso respaldo oficial ignora deliberadamente el nefasto legado financiero que Linares dejó durante su etapa al frente de la Gerencia de Finanzas, catalogado por analistas como el pecado original que hoy ahoga a la empresa estatal.

Durante su gestión, el costo del proyecto de Talara se disparó de forma descontrolada hasta rozar los siete mil millones de dólares.

Pese a estructurar bonos e hiperendeudarse con firmas extranjeras por cuatro mil trescientos millones de dólares, Linares actuó con una irresponsabilidad técnica supina al permitir que la construcción física avanzara a ciegas, sin haber cerrado la estructura de financiamiento y dejando un hoyo al descubierto de dos mil setecientos millones de dólares.

Ese déficit forzó a las administraciones posteriores a canibalizar el capital de trabajo de la empresa para pagar contratistas y endeudarse a corto plazo para comprar crudo, desatando el estrangulamiento de liquidez actual donde Petroperú gasta astronómicas sumas en pagar intereses bancarios en lugar de operar eficientemente.

PÓLIZA

La nefasta huella de Linares incluye también la contratación, en diciembre de 2017, de la fallida póliza de seguro de todo riesgo de construcción con Mapfre Perú para la refinería. Cuando la paralización por la pandemia exigía la activación de las coberturas, la aseguradora rechazó los reclamos sustentada en informes técnicos independientes.

La pésima negociación y el deficiente diseño contractual derivaron en un desgastante proceso judicial por más de 432 millones de dólares por un seguro multimillonario que jamás se pudo cobrar cuando la petrolera más lo necesitaba.

CASO GUNVOR

Por si fuera poco, la sombra de la sospecha salpica su gestión financiera debido a las compras masivas de crudo y biodiésel a la multinacional suiza Gunvor entre los años 2015 y 2021.

Bajo su administración en Finanzas, Petroperú entregó 54 contratos a esta firma por un monto colosal de 1,727 millones de dólares, acuerdos que tuvieron que ser suspendidos de emergencia a mediados de 2021 al estallar un escándalo internacional de sobornos.

Auditorías forenses posteriores enviadas a la Fiscalía Anticorrupción revelaron que el operador de Gunvor, Raymond Kohut, ingresó en múltiples oportunidades de manera no registrada a la sede central de la estatal para amarrar las escandalosas compras.

Lejos de asumir responsabilidades por una refinería endeudada, un seguro inaplicable, compras bajo investigación fiscal y una inhabilitación administrativa a cuestas, Carlos Linares Peñaloza vuelve a instalarse en el corazón de Petroperú.