Registros de visitas y documentos de control revelaron presuntas irregularidades
La gestión de Josué Gutiérrez Cóndor al frente de la Defensoría del Pueblo quedó nuevamente bajo cuestionamiento luego de que una investigación periodística revelara presuntas irregularidades en contrataciones, designaciones y ascensos dentro de la institución.
El reportaje difundido por Cuarto Poder identificó casos de personas que, pese a no contar con experiencia previa en el sector público, consiguieron órdenes de servicio y posteriormente ingresaron a la planilla de la Defensoría luego de sostener reuniones con Gutiérrez.
Uno de los casos corresponde a Lucía Yalán Cano. Según los registros oficiales de visitas, el 12 de junio de 2024 acudió al despacho del defensor del Pueblo y permaneció allí durante más de dos horas. Posteriormente, obtuvo su Registro Nacional de Proveedores y, pocos días después, recibió su primera orden de servicio.
Yalán llegó a acumular cinco órdenes de servicio antes de incorporarse al régimen CAS como asistente administrativa. Al ser consultada sobre sus visitas a Gutiérrez antes de su contratación, inicialmente negó haber acudido a su despacho, aunque luego reconoció el encuentro y manifestó no recordarlo con claridad.
Una situación similar fue atribuida a Nicole Mingos Medrano. Los registros muestran que visitó el despacho directivo de Gutiérrez en dos oportunidades el 30 de julio de 2024. Tres días después obtuvo su Registro Nacional de Proveedores. Luego recibió cuatro órdenes de servicio y terminó siendo contratada bajo el régimen CAS.
Los cuestionamientos también alcanzaron puestos de mayor responsabilidad. El 25 de julio de 2024, Betbiary Díaz Coral fue designada como jefa del Programa del Derecho a la Salud, cargo para el que se requerían al menos cuatro años de experiencia específica. Sin embargo, la Contraloría observó que no acreditaba el tiempo exigido.
Díaz dejó la jefatura en enero de 2025, pero posteriormente fue incorporada como asesora I de la Subadjunta para el Derecho a la Salud. Meses después, el 5 de junio, Gutiérrez la ascendió al cargo de adjunta.
Otro caso señalado en la investigación involucra a Margarita Yahuana Correa, quien anteriormente trabajó para la bancada a la que pertenecía Gutiérrez cuando fue congresista. En marzo de 2024, mientras ocupaba una plaza CAS en la Defensoría, participó en un concurso interno bajo el régimen laboral 728.
Un informe del Órgano de Control Institucional advirtió que Yahuana recopiló y consolidó información relacionada con procesos 728, incluido el concurso en el que ella misma participaba. La situación fue considerada una vulneración de los principios de transparencia y neutralidad.
Tras ganar el concurso, su remuneración pasó de S/7.050 a S/14.906. De acuerdo con el reportaje, las recomendaciones formuladas por el órgano de control fueron corregidas. Desde septiembre de 2025, Yahuana ocupa el cargo de directora general de Administración Interna de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Los casos expuestos han generado cuestionamientos sobre los mecanismos utilizados para contratar y promover personal durante la actual gestión de la Defensoría del Pueblo.
