La mejor fórmula es un fideicomiso bancario independiente, respaldado por una ley, asegura

Por: Valeria Ponce

José Cueto Aservi, almirante en retiro de la Marina de Guerra y congresista de Honor y Democracia, integra la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. En esta entrevista detalla la crisis de SALUDPOL, y el historial de mala organización de FOVIPOL.

– En medio de las constantes quejas por demoras por reembolso, falta de medicamentos y derivaciones a clínica externas, ¿considera que SALUDPOL está en crisis?

Está en crisis por los malos manejos administrativos. Todos los gobiernos no le han dado la importancia y los recursos necesarios. Esto tiene un parangón con todo el sistema de salud del Estado, los hospitales públicos; tienen problemas de todo tipo y la mayoría son de carácter financiero y económico. Igual está SALUDPOL. El grave problema que tiene no es solamente la arquitectura financiera; hay también una estructura quebrada en lo que es gestión, una pésima gestión que ha llevado a que la salud de SALUDPOL esté con tantos problemas como los tiene ahora, y encima con malos procedimientos administrativos. Eso obliga a que los policías busquen centros privados. El Ministerio del Interior tendría que priorizar fondos o créditos suplementarios, aprobados en el Congreso y coordinados con el MEF, para liquidar muchas de las deudas con entidades privadas, que son millones que han dejado de pagar. Hay que blindar los fondos que van a venir para que sean bien utilizados y, mediante algún tipo de convenio con créditos suplementarios del Estado, evitar que el personal policial siga siendo perjudicado, porque el personal no tiene por qué pagar las consecuencias de las pésimas administraciones de SALUDPOL, y la gente que ha brindado pésimas administraciones tiene que ser sancionada. La impunidad es pan de todos los días; por eso hacen lo que les da la gana. Hay que crear este tipo de fondos y blindarlos.

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– El otro problema es en FOVIPOL. Se redujo el aporte del 5% al 3%, pero esa reducción solo aplica desde 2023. ¿Qué pasa con las décadas anteriores y cómo piensan afrontarlo?

La ejecución la va a tener que hacer el mismo Ministerio del Interior para tratar de corregir todo este pésimo manejo, esta pésima gerencia, esta pésima administración, de las cuales, desgraciadamente, ha habido muchos problemas relacionados a la corrupción. Subsanar el pasivo histórico dejado por la Ley N°31826, para garantizar la restitución del 100% de los fondos no ejecutados resulta inviable si se trata solamente de usar lo que tiene la caja operativa de FOVIPOL, porque esto comprometería incluso las viviendas ya entregadas. No es solo un tema administrativo y financiero. Lo que hay que hacer es auditar primero, mediante una empresa independiente, los estados financieros históricos de ese fondo para determinar el monto exacto que corresponde a cada efectivo y poder liquidar esos saldos. La mejor fórmula, en mi opinión particular, es un fideicomiso bancario independiente, respaldado por una ley, para evitar que se use como se ha utilizado anteriormente por corrupción y por políticos que han intentado favorecer a una u otra empresa. Desde una perspectiva estrictamente constitucional, este aporte obligatorio del 3%, homologado por el Tribunal Supremo 003-2025, realmente no constituye una doble imposición tributaria. Es un malestar, sí, para toda la gente que ha estado aportando durante muchos años a FOVIPOL sin haber tenido ninguna prestación. Esta obligación tiene un impacto social negativo con toda la gente que no ha podido utilizar el fondo y que ahora ve afectados sus intereses. Desgraciadamente, creo que no hay forma de solucionar eso sino a través del Estado, al igual que ocurre con SALUDPOL, que también tiene problemas económicos muy grandes. El Estado tendría que armar un equipo blindado con una ley para que nadie pueda robar estos fondos, y establecer que las personas que los manejen no estén liberadas de responsabilidad, para poder restituir, por un lado, la salud a los policías mediante SALUDPOL y, por otro, garantizar que los fondos de vivienda vayan efectivamente a ese fin. Tendría que haber un análisis para filtrar esos aportes y que no pase lo que ha pasado estos últimos años. […] Un desastre que ha llevado a la gran crisis financiera que atraviesa esa institución […] si no la hace la Policía como tal, tendrá que hacerla el Congreso, que tiene entre sus funciones principales la fiscalización.

 – ¿La Policía Nacional tiene hoy las herramientas para enfrentar a una delincuencia que usa drones, cifrado digital, inteligencia artificial y redes internacionales, o sigue con los mismos recursos de hace años?

Hace ya muchos años la Policía ha recibido no solamente recursos, sino que ha ido incorporando equipamiento informático moderno. Soy testigo de la Policía con equipamiento electrónico, drones para vigilancia táctica, equipamiento especializado para los efectivos. No en la cantidad que uno desearía, pero los tiene. El problema es que nuestros procedimientos son muy lentos, mientras que el crimen no necesita pedirle permiso a nadie; simplemente utiliza dinero, normalmente de origen ilegal, y compra drones, compra equipamiento, se mete en las redes. Lo hace directamente. En cambio, nuestras unidades de investigación criminal, sobre todo en las regiones, tienen que lidiar con nuestros problemas netamente burocráticos. Esos procesos demoran, y por lo tanto no es que no tengan la capacidad técnica, sino que esa capacidad llega mucho más lenta que la de los criminales. Nuestra normativa, sobre todo la Ley de Contrataciones del Estado, afecta la lucha contra la criminalidad, que debería tener posibilidades mucho más ágiles. Para resumirlo, en un enfrentamiento más eficaz, […] tiene que utilizar no solamente la interoperabilidad sistemática, sino también unirse a las bases de datos de otras unidades para tener una sola plataforma que integre todo lo relacionado con geolocalización, balística y registros históricos. Todo eso lo puede lograr la inteligencia policial-militar. Se puede hacer y se está intentando avanzar, pero nuestras trabas burocráticas le impiden a la Policía avanzar a la velocidad que realmente quisiera tener.

– Si tuviera que priorizar los problemas que hemos repasado, SALUDPOL, la deuda de FOVIPOL, los salarios y la seguridad del personal, ¿cuál va primero?

Si me pides que priorice, te diría, salud primero. Porque sin salud todo lo demás no funciona. Si no cubres el aspecto de salud de la familia policial, todos los demás problemas pasan a segundo plano. Salud, para mí, siempre va a ser lo primero.

De ahí viene el tema pensionario, para darle tranquilidad, sobre todo, al personal policial que está luchando con la camiseta puesta, exponiendo su vida, y que tiene que tener la certeza de que si, Dios no quiera, le ocurre algo, su pensión será digna y adecuada para la familia que deja atrás. Y después viene lo demás, vivienda, sueldos incluidos. Ese es el orden que yo le pondría.