Afirma que puede contratar con el estado sin ningún problema
El cuñado del presidente de la República, Martín Vizcarra, Fredy Herrera Begazo, se presentó ante la Comisión de Fiscalización luego de dos reprogramaciones de su citación, para asegurar que en su caso no se podían aplicar las restricciones de la Ley de Contrataciones del Estado por tratarse de un servicio de conciliación.
Fredy Herrera declaró que, al momento de ser contratado por el PSI, consultó con abogados, quienes le aseguraron que estaba eximido de las restricciones de la Ley de Contrataciones del Estado.
“El artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado (sic) exime y exonera de toda prohibición de contratar con el Estado este tipo de servicios de negociación y conciliación y he demostrado mi trabajo permanente donde la negociación, por lo variado de los conflictos que existen tanto internos entre pobladores, comunidades vecinas y también con el Estado”, indicó en la sesión virtual de la comisión.
“Yo estaba excluido, no tendría impedimento (por ser familiar de Martín Vizcarra). Sobre el particular, no lo he conversado (con el presidente de la República)”, añadió.
Fredy Herrera Begazo responde sobre sus contratos con el Estado: «consulté con un especialista, que dijo que no tenía ningún impedimento para contratar porque mi contrato empezó el 2015, cuando no existía injerencia política. Además, que mi servicio fue personal«.
Según informó el programa ‘Cuarto Poder’, Fredy Herrera, esposo de la hermana de Martín Vizcarra, Doris Vizcarra, recibió más de S/320 mil por sus servicios al Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) adscrito al Ministerio de Agricultura (Minagri) desde el 28 de julio del 2016 hasta el 2019.
En su sustentación ante la comisión del Congreso, Herrera Begazo detalló que comenzó a brindar sus servicios al PSI desde el 2015 como conciliador del proyecto de represa Paltuture con varias comunidades ubicadas en el distrito de Ichuña, en la región Moquegua.
La Ley de Contrataciones del Estado precisa que hay casos que se excluyen de su aplicación, los cuales están comprendidos en el artículo 4 de la norma. Ahí, el apartado (e) precisa que no aplica en caso de servicios brindados por “conciliadores, árbitros, centros de conciliación, instituciones arbitrales”, entre otros.
