Los violentistas son acusados de cometer los delitos de disturbio y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
El Perú se respeta. A través de sus redes sociales, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el Poder Judicial (PJ) dispuso 9 meses de prisión preventiva contra cuatro personas que fueron detenidas durante las protestas registradas en Cusco el pasado 31 de enero.
Richard Camala, David Jivallanca, Ferdinand Huacanqui y Redi Huaman son investigados por la comisión de los delitos de disturbio y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Los sujetos fueron grabados mientras atacaban con piedras a vehículos de transporte público y locales comerciales.
La magistrada Yohanna Beny Gallegos Paucar, jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de vacaciones de Cusco, dictó la medida preventiva y durante la audiencia explicó las razones que sustentan su decisión.
«La mera presencia de pocos agitadores debería de transformar a toda esa reunión en una manifestación violenta no concebible, ni protegida a nivel constitucional. Estamos hablando de personas que vienen de comunidades, pero no por ello se va a poner por debajo el derecho a la igualdad, ya que no solo estamos hablando solo de imputados y de sus familias, sino de agraviados, de niños que han estado presentes dentro de los vehículos aterrorizados por estos actos de violencia», manifestó.
La magistrada explicó que existen registros fílmicos, reconocimiento de prendas utilizadas durante las manifestaciones y ataques, entre otros que implican directamente a los cuatro detenidos.
Edilberto Huamán también fue detenido por el mismo motivo que los otros implicados, pero él solo recibió comparecencia simple.
Eduardo Alatrista, fiscal adjunto de la 3ra Fiscalía Provincial Penal de Cusco y quien solicitó la medida coercitiva, explicó que existen hasta ocho denuncias por agresiones físicas y psicológicas en contra de transeúntes, dueños de locales comerciales y conductores de unidades vehiculares. A esto se suman acusaciones por daños materiales a vehículos de transporte urbano.
Como se recuerda, las protestas a nivel nacional comenzaron desde el pasado 7 de diciembre cuando Pedro Castillo dio un golpe de Estado, delito por el cual permanece recluido en el Penal Barbadillo. Los «manifestantes» exigen la liberación y restitución del expresidente, la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales, y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución.
