Indicó que la resolución que lo cesó no tiene entre sus fundamentos el informe de Contraloría sobre indicios de irregularidad en su nombramiento
Daniel Soria Luján, quien fue apartado del cargo de Procurador General del Estado por el Ejecutivo, afirmó que la resolución que da por concluida su designación «es ilegal» y que evaluará tomar acciones en el Poder Judicial para que la medida sea considerada como tal.
Explicó que la resolución publicada en la edición extraordinaria de El Peruano tiene como base «única y exclusivamente» una disposición transitoria de la ley orgánica del Poder Ejecutivo del 2007, que permite cesar a un funcionario por perdida de confianza.
Indicó que ese fundamento para su cese en el cargo no tiene base legal, «porque la Procuraduría General del Estado se regula por una norma del mismo rango (decreto legislativo 1326) que se dio diez años después (2017)».
«Una norma posterior y especial que, en el artículo 17, (establece) los motivos de remisión de los miembros del consejo directivo, entre ellos el Procurador General del Estado», afirmó.
FUNDAMENTOS
En ese sentido, Soria puntualizó que los fundamentos para retirarlo del cargo no tienen que ver con el informe emitido el lunes 31 de enero por la Contraloría a través del Organo de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Justicia, en el que se advertía indicios de irregularidades en su nombramiento como procurador en febrero de 2020.
Según el informe de la OCI, Soria fue nombrado en el cargo «sin que haya acreditado trayectoria en la defensa jurídica del Estado» y «sin contar con el informe técnico o legal» que la sustente su designación.
DISCREPA
El exprocurador dijo que discrepa con que se excluya para el cargo que desempeñó a quien antes no haya sido «procurador o abogado de una procuraduría».
«Discrepo de ese razonamiento y ya lo he mencionado en el pasado, porque la actividad de defensa jurídica Estado trascienden en la práctica el trabajo de una procuraduría concreta. Es decir, hay abogados que no trabajan en una procuraduría, pero hacen defensa jurídica del Estado», comentó.
Al respecto mencionó que en la Defensoría del Pueblo trabajó en el cargo de adjuntía en asuntos constitucionales, donde participaba «en la elaboración de las demandas que el Defensor del Pueblo presentaba en procesos del constitucionales». «Es exactamente la misma actividad que, por ejemplo, hace la procuraduría especializada en materia constitucional», señaló.
NORMAS
Soria dijo que de acuerdo a las normas de la Contraloría, ante informes como el OCI sobre su designación, se espera una plan de acción del organismo correspondiente, en su caso el Ministerio de Justicia, para tomar medidas sobre los indicios de irregularidades.
«El informe va a despacho y tiene un plazo de 10 días. Ese plan de acción, hasta donde tengo entendido no se he llevado a cabo. No se ha esperado ese procedimiento de control para emitir la resolución de esta madrugada.
