Transportistas convocaron un paro el último jueves para exigir al Gobierno que detenga a las bandas criminales que los extorsionan y amenazan de muerte. La situación de Reflejos de Palacio es crítica.
Mientras el país enfrenta una crisis por el auge del crimen organizado, el paro de transporte urbano en Lima Metropolitana, enfocado en la extorsión criminal, ha llevado al Gobierno a implementar medidas de emergencia. Esto incluye acelerar el debate sobre la ley de terrorismo urbano y declarar un estado de emergencia por 60 días en varios distritos de la capital.
Como raras veces se ha visto en Lima, el servicio de transporte urbano—salvo el Metropolitano y la Línea 1 del Metro—decidió paralizarse por completo en la ciudad.
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Estado de emergencia por 60 días en distritos de Lima y Callao
La ola de extorsiones que sufren diversas empresas de transporte urbano ha llevado a trágicas consecuencias, incluyendo el asesinato de choferes que se niegan a pagar los cupos exigidos por bandas criminales. En el último mes, se han registrado más de 15 atentados contra 11 empresas de transporte en Lima Metropolitana. Además, tres choferes han sido asesinados por estas bandas extorsionadoras en lo que va del año.
La última víctima de estos extorsionadores fue Jorge Ríos Lafite, de 21 años, asesinado a inicios de esta semana en Los Olivos. Era chofer de una combi y perdió la vida a manos de un delincuente tras retrasarse en el pago de S/ 7 que debía abonar diariamente a los criminales que acosaban a la empresa donde trabajaba.
“Hoy (ayer) paramos por la vida. No solo no hay seguridad, sino una falta de empatía por parte del Gobierno, que a última hora reacciona de manera reactiva (…) Estamos parando para que el gobierno no sea indolente, para que las instituciones del Estado trabajen de manera conjunta y para que estos actos no sucedan más” mencionó el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, Héctor Vargas
