El gobernador regional no fue ubicado durante la diligencia judicial

La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público realizaron un amplio operativo anticorrupción en el Callao que incluyó el allanamiento simultáneo de 27 inmuebles vinculados al Gobierno Regional, como parte de una investigación por presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal. Entre los lugares intervenidos se encuentra la sede principal del Gore Callao.

El general PNP Luis Alberto Lira Limo, jefe de la Dirección Contra la Corrupción, informó que el Poder Judicial autorizó la detención preliminar por 15 días de 11 personas, entre funcionarios públicos y proveedores privados. Dentro de este grupo figura el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, quien no fue hallado durante la diligencia y fue declarado no habido por las autoridades.

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De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos bajo análisis se habrían producido entre los años 2023 y 2024, periodo en el que se habría establecido un esquema irregular para favorecer a determinados proveedores en contrataciones de bienes y servicios. Las indagaciones señalan que estas adjudicaciones habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado estimado en aproximadamente 1.5 millones de soles.

Las autoridades sostienen que el presunto mecanismo consistía en simular procesos de contratación mediante empresas creadas únicamente para presentar cotizaciones, sin contar con infraestructura real ni actividad comercial verificable. A pesar de ello, los contratos terminaban siendo otorgados de forma reiterada a los mismos proveedores, lo que levantó alertas en los órganos de control.

Durante el operativo se incautó documentación en oficinas administrativas y domicilios particulares, la cual será analizada para determinar la magnitud de las presuntas irregularidades y la responsabilidad de cada uno de los investigados. Asimismo, se confirmó que tres proveedores involucrados en el caso se encontrarían fuera del país.

La Policía Nacional continúa con la ubicación de las personas declaradas no habidas y con el desarrollo de las diligencias fiscales, mientras la investigación permanece en curso para establecer si existen más funcionarios implicados en el presunto esquema de corrupción.