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    Defensa de Martín Vizcarra presentará acción de amparo

    Si el Poder Legislativo logra inhabilitarlo por 10 años

    Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra, adelantó que si el Congreso aprueba la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra el expresidente -medida recomendada por la Comisión de Fiscalización- su defensa presentaría una acción de amparo.

    “(Si se aprueba la inhabilitación), el Congreso usurparía la función jurisdiccional de los jueces penales. En ese sentido, se tendría que interponer una acción de amparo, porque el Tribunal Constitucional describe que esta es la pauta para tratar de superar esta violación de garantías constitucionales”, mencionó Ugaz.

    Al respecto, el abogado indicó que la inhabilitación es improcedente, ya que no existe una sentencia firme contra su patrocinado en el Poder Judicial.

    Ugaz aseguró que tres sentencias del Tribunal Constitucional (TC), emitidas los años 2003, 2005 y 2012, señalan que el Congreso solo puede inhabilitar a una persona para ejercer cargos públicos si tiene una sentencia firme en el Poder Judicial.

    “En especial, quiero referirme a (la sentencia del) 2003, que trata sobre una demanda de inconstitucionalidad presentada por 65 congresistas de la República en relación a este tema, sobre la inhabilitación”, comentó.

    Si el Poder Legislativo logra inhabilitarlo por 10 años

    Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra, adelantó que si el Congreso aprueba la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra el expresidente -medida recomendada por la Comisión de Fiscalización- su defensa presentaría una acción de amparo.

    “(Si se aprueba la inhabilitación), el Congreso usurparía la función jurisdiccional de los jueces penales. En ese sentido, se tendría que interponer una acción de amparo, porque el Tribunal Constitucional describe que esta es la pauta para tratar de superar esta violación de garantías constitucionales”, mencionó Ugaz.

    Al respecto, el abogado indicó que la inhabilitación es improcedente, ya que no existe una sentencia firme contra su patrocinado en el Poder Judicial.

    Ugaz aseguró que tres sentencias del Tribunal Constitucional (TC), emitidas los años 2003, 2005 y 2012, señalan que el Congreso solo puede inhabilitar a una persona para ejercer cargos públicos si tiene una sentencia firme en el Poder Judicial.

    “En especial, quiero referirme a (la sentencia del) 2003, que trata sobre una demanda de inconstitucionalidad presentada por 65 congresistas de la República en relación a este tema, sobre la inhabilitación”, comentó.

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