Defensas y…

por | Nov 30, 2018 | Opinión

FERNANDO CALLE HAYEN      

Estamos viendo con preocupación la situación que se está presentando en el Sistema de Justicia, hace varios años sostuve la necesidad que la Fiscalía como institución en sus respectivas instancias, solicite el impedimento de salida del país de quienes estaban comprometidos o con presunción sobre  ilícitos penales en agravio de todos los peruanos, no solo como consecuencia de Odebrecht sino por una corrupción generalizada en todas las instancias y que se arrastraba a varios gobiernos.

Sin embargo, no entiendo las razones por las que no se ha escuchado, ni el propio presidente de la república ha prestado atención a la Comisión Internacional contra la Impunidad o medidas verdaderamente serias contra la corrupción.

Ha salido el Fiscal Superior, Alonso Peña Cabrera, en contradicciones con el Fiscal Superior  Rafael Vela y ha sostenido que hay muchas cosas que se conocen y que tienen información hace tiempo; no se entiende, el por qué a la fecha por ejemplo, no se ha procesado el caso de la Sra. Villarán, el caso de los empresarios de la construcción y una cola de gente que están debidamente  por lo menos con indicios razonables para que estas investigaciones y medidas restrictivas y en su oportunidad y en la brevedad con sanciones ejemplares no se hayan llevado adelante.

Porqué no se pidió otra medida cautelar o por lo menos impedimento de  salida del país para los empresarios de la firma  Graña y Montero, además que la mayoría de peruanos no saben que en plena semana santa una sala penal revocó la detención preventiva que había dictaminado el Juez Carhuancho a solicitud del Fiscal Domingo.

Sabemos por los medios que los señores empresarios referidos se encuentran en España o en otros países , esto lleva a preocupación y seria responsabilidad del Fiscal encargado de esta  investigación y de cuidado en la lucha contra la impunidad; recientemente se han revocado las medidas confiscatorias de los bienes del Presidente Humala y la Sra. Humala y desde la promesa hecha al país de que en diciembre 2017 empezaba el juicio oral correspondiente a la pareja Presidencial, hasta la fecha no existe nada que pueda decir que esto va a suceder, siendo lo más serio que nadie dice nada más allá de: ¡Caiga quien Caiga menos Yo!

Dada la ilegitimidad en que ha caído el Sistema de Justicia, la gente prefiere ir a una radio o a un canal de  televisión a denunciar algún ilícito y esto sostengo sin haber verificado si en otros países de dimensión jurídica  suceda lo mismo, pero independientemente de ello, no deja de llamar la atención que prácticamente los debates de las defensas y/o  a quien se le insinúa la imputación de un cargo se llevan en los medios de prensa  sin mirar las sanciones que correspondan por el delito tan grave  en nuestra vida republicana, que es haber saqueado los dineros del pueblo o haber explotado cargos privados o públicos para enriquecerse en forma ilegal, resulta curioso por decir lo menos, que aparentemente tengan que dar cuenta a la prensa más que a los Jueces.

Desfilan por estos medios a informar de los actos de sus patrocinados, a tratar de probar la inocencia ante los medios de prensa cuando consideramos  que esto  en principio siendo procesos penales reservados deben dedicarse dentro del Sistema de Justicia, pareciera que las defensas creen que si la prensa los aprueba influye sobre los Jueces y olvidan a sus defendidos. No a la Impunidad


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