La Defensoría del pueblo pide que universidades públicas y privadas aseguren las clases presenciales en sus instalaciones
Luego de dos años de educación superior virtual a raíz del COVID-19, la Defensoría del Pueblo cree que la situación sanitaria actual requiere que se garantice de forma segura la reapertura de universidades e institutos y la educación presencial. Por ello, exigió al Ministerio de Educación que determine la prestación del servicio educativo presencial de forma obligatoria.
Como es público, en febrero de 2022, el Minedu estableció el retorno a la modalidad presencial y/o semipresencial en las universidades públicas y privadas, así como las escuelas de posgrado.
De acuerdo a la normativa, las universidades tienen que detallar el modelo híbrido y el porcentaje de presencialidad para utilizar, así como trabajar bajo seis principios: seguridad, flexibilidad, autodeterminación, equivalencia, accesibilidad y calidad.
No obstante, se precisó que dicha norma no es suficiente para fomentar el efectivo retorno a las aulas universitarias de forma presencial, lo cual se ve representado en las numerosas quejas recibidas por la falta de clases presenciales después de dos años con educación remota en su totalidad.
“Es importante tener en consideración que nos encontramos en una etapa de la pandemia distinta a la de los años 2020 y 2021, contando con un avance exitoso de la vacunación y con conocimiento suficiente de las medidas de bioseguridad adecuadas y efectivas para cuidar nuestra salud”, aseveró la la entidad.
