La medida aplicaría entre las 6 p.m. y las 6 a.m. en zonas en estado de emergencia como Lima y Callao.
Ante el incremento sostenido de la delincuencia, con una alarmante presencia de crímenes cometidos por dos personas a bordo de motos lineales, la Defensoría del Pueblo ha propuesto una medida extraordinaria: restringir el uso de estos vehículos desde las 18:00 hasta las 6:00 del día siguiente, sin permitir su circulación fuera de este horario bajo ninguna circunstancia.
El organismo sostiene que esta restricción busca frenar el accionar de bandas criminales que utilizan este medio de transporte para perpetrar actos violentos, entre ellos extorsiones, robos agravados y homicidios, especialmente en zonas urbanas. La propuesta incluye además la prohibición, sin excepción, de transportar a más de una persona en motos durante las horas restringidas, en un intento por reducir la capacidad operativa de los delincuentes.
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La medida estaría dirigida a zonas bajo estado de emergencia, como Lima Metropolitana y el Callao, y su aplicación debe respetar plenamente los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Defensoría, liderada por Josué Gutiérrez, advierte que el país atraviesa una grave crisis de seguridad, con un crecimiento alarmante de delitos cometidos con armas de fuego, en su mayoría por dos individuos en motocicleta, modalidad recurrente en ataques a empresas de transporte público, sobre todo en la madrugada, cuando las unidades comienzan a operar.
Frente a esta iniciativa, la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope) expresó su total rechazo. Ricardo Millones, presidente del gremio, declaró que la propuesta vulnera derechos básicos como el libre tránsito, la propiedad privada y el derecho al trabajo de los ciudadanos que utilizan motocicletas de forma legal y responsable. “La Defensoría del Pueblo quiere vulnerar nuestros derechos al libre tránsito, a la propiedad privada y al trabajo de todos los ciudadanos de bien que manejamos motocicletas”, manifestó.
Según Millones, la medida carece de sustento legal y técnico, y representa un acto de discriminación contra un sector que desempeña un rol importante en la economía nacional. “Detrás de una moto, somos ingenieros, médicos, mecánicos y electricistas que pagamos impuestos y contribuimos al crecimiento de la economía del país. No vamos a permitir que nuestras autoridades nos consideren ciudadanos de segunda categoría solo por manejar una motocicleta”, recalcó.
