En estos tiempos cargados de malas acciones y pésimas noticias, se han soportado días y días de protestas callejeras que llegaron al vandalismo con agresión a miembros de nuestra Policía Nacional en diversas localidades del país, a lo que se suman emboscadas a fuerzas combinadas de Ejército y Policía en el VRAEM, con pérdidas de vidas y lesionados. Como si lo señalado no fuera poco, y no por acción humana sino de la naturaleza, tenemos lluvias incesantes y desbordes de ríos, con trágicos resultados y afectación de servicios públicos, así como familias enteras que han quedado en la calle al haber perdido sus viviendas y bienes.
Bueno pues, eso no fue suficiente pues cuando ya creíamos que lo habíamos visto todo, sucedió lo insólito, esto es que la vivienda y las oficinas del Comandante General de la Policía, fueron allanadas y diversos bienes y documentos incautados, llevando como corolario que el jefe policial fuese relevado del cargo.
De inmediato los comentarios venenosos en redes, en correos y WhatsApp colectivos, así como en prensa de los más variados ropajes, atribuyéndose al cesado jefe policial, las inconductas y los delitos más inverosímiles, con irresponsable olvido que la presunción de inocencia es un derecho humano y también constitucional.
No creo haber conocido al general al que nos referimos, así como tampoco a las personas que estuvieron con él en una reunión que parecía almuerzo, pero hasta donde sepamos no hay delito gastronómico y que, en todo caso las investigaciones nos harán conocer la verdad y de haber acusación fiscal y procesamiento penal nos dirá si hubo delito o no, luego de determinarse culpabilidad o inocencia.
Lo que tampoco se debe permitir, es que se hagan falsas generalizaciones y se escuche el runrún de que la Policía es corrupta y, que los policías cometen delitos y faltas. Pues no señor, quienes cometen delitos o faltas, son personas naturales, no son las instituciones como es la Policía y, cuando el delito es perpetrado por personas de la misma profesión u ocupación, no significa que todos los que la ejerzan sean delincuentes, algunos podrán serlo, pero definitivamente no todos.
Las malas acciones de algunas personas, en caso de haberlas perpetrado, no pueden alcanzar ni perjudicar a las organizaciones a las que pertenecen y más aún cuando se trata de instituciones militares o policiales, que son las encargadas de la alta responsabilidad y obligación de mantener el orden público o de restablecerlo cuando fue afectado.
Si irresponsablemente atentamos contra el prestigio de las instituciones armadas y policiales, la población perderá el respeto en ellas y ello es gravísimo, pues se requiere de tal respeto para que puedan ejercer eficientemente las obligaciones señaladas.
No es que creamos que la Policía y Fuerzas Armadas sean entidades “tutelares” como tantas veces se ha leído y escuchado, dado que los ciudadanos no estamos disminuidos ni somos de los primeros años de edad. Requerimos protección, claro que si, pero tutela de ningún modo.
