Familia del opositor Fernando Albán acusa a Nicolás Maduro de liderar una organización delictiva que tortura y asesina a sus enemigos
Los familiares del fallecido concejal Fernando Albán, político opositor venezolano, presentaron una demanda en Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por liderar una organización delictiva que tortura y asesina a sus enemigos.
“(Cuando Albán llegó a Caracas) Maduro, a través del vasto imperio criminal que lidera, secuestró al señor Albán y entre el 5 y el 8 de octubre de 2018 lo torturó brutalmente y lo asesinó”, se lee en la demanda de 113 páginas presentada por Meudy Albán Osio, la viuda del concejal de Primero Justicia, y sus hijos María Fernanda y Fernando Albán Osio.
Según The Associated Press, la demanda presentada en los tribunales federales de Miami aspira llevar el asunto a un juicio por jurados. Asimismo, busca una compensación por daños y perjuicios causados por “el secuestro, la tortura y asesinato de Fernando Alberto Albán, el posterior encubrimiento del asesinato, la difamación del señor Albán y otras represalias en contra de sus familiares sobrevivientes por parte de Nicolás Maduro Moros, el aparato ilegal utilizado por Maduro y sus funcionarios para controlar Venezuela, y sus socios narcoterroristas”.
Los familiares de Albán no solo demandaran al mandatario venezolano. En la demanda también están incluidos el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el fiscal general Tarek Saab y el ministro de Electricidad y exministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol. También son acusados integrantes de la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Cartel de los Soles.
Ante la difusión de esta demanda, el presidente Nicolás Maduro no se ha pronunciado al respecto así como ninguno de los otros acusados.
Fernando Albán fue detenido el 5 de octubre de 2018 en Caracas, luego de regresar al país desde Estados Unidos, donde visitó a su familia y denunció los atropellos a los derechos humanos de los venezolanos ante la Organización de las Naciones Unidas.
Según la versión oficial, el concejal fue hallado muerto el 8 de octubre del 2018, cuando se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Sin embargo, dicha versión fue rechazada por opositores venezolanos y organizaciones internacionales.
De acuerdo con los documentos judiciales, el concejal pereció a consecuencia de las torturas con corrientes eléctricas que recibió de los funcionarios policiales en la sede del SEBIN. Posteriormente, su cuerpo habría sido arrojado desde al menos 10 pisos y resultó mutilado al caer al suelo.
