Por no asignar 6% del PBI al presupuesto educativo
Un total de 20 exministros de Economía y Finanzas (MEF) y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), además de los titulares actuales de ambas carteras, han sido denunciados penalmente por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, al no cumplir con la obligación de destinar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) al sector Educación, establecida en la Constitución por decisión del Congreso.
La acusación fue presentada por Segundo Montalvo, titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, quien remarcó que el artículo 16 de la Constitución, modificado por la Ley N° 31097 del 29 de diciembre de 2020, emitida por el Congreso; que impone una obligación expresa al Ejecutivo: el presupuesto de Educación no puede ser menor al 6% del PBI.
Para el congresista de Perú Libre, este mandato genera obligaciones jurídicas ineludibles para los funcionarios responsables de la planificación y ejecución presupuestaria, quienes están obligados a asignar el presupuesto establecido por el Congreso dentro de la Constitución para el sector educativo.
Según la denuncia, las supuestas omisiones se han repetido en cada ejercicio fiscal desde la entrada en vigencia de la reforma constitucional. Cinco años en los que, en palabras de Montalvo, constituye un delito de naturaleza continuada, ya que “el plazo prescriptorio se computa desde la última conducta típica”.
Entre los exministros señalados del MEF figuran: Waldo Mendoza Bellido, Pedro Francke, Óscar Graham Yamahuchi, Kurt Burneo, Alex Contreras Bautista, José Arista Arbildo, José Salardi Rodríguez, Raúl Pérez-Reyes Espejo, y Denisse Miralles Miralles.
De la PCM aparecen: Violeta Bermúdez Valdivia, Guido Bellido Ugarte, Mirtha Vásquez Chuquilin, Héctor Valer Pinto, Aníbal Torres Vásquez, Betssy Chávez Chino, Pedro Angulo Arana, Alberto Otárola Peñaranda, Gustavo Adrianzén Olaya, Eduardo Arana Ysa, y Ernesto Álvarez Miranda.
El texto indica que es urgente la intervención de la fiscalía para que “garantizar el cumplimiento constitucional en futuros presupuestos”, pero la asignación presupuestal para el 2026 no sería modificada.
Aun así, se solicita al fiscal Tomás Gálvez que se “disponga el inicio de investigación preparatoria contra todos los funcionarios (…)” y se ordenen “pericias técnicas contables, económicas, constitucionales y actuariales especializadas para determinar el perjuicio exacto y la viabilidad del cumplimiento constitucional”.
