Hicieron presente un habeas corpus contra Rafael López Aliaga y la Municipalidad de Lima por «vulnerar el derecho al libre tránsito, la libertad de manifestarse y la democracia».
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El ciudadano Carlos Hinostroza hizo presente este lunes una demanda de habeas corpus contra el burgomaestre Rafael López Aliaga y la Municipalidad de Lima para que se anule el acuerdo de Concejo Municipal Nº026, donde se declara al Centro Histórico como zona intangible para el desarrollo de protestas y concentraciones públicas.
De acuerdo al expediente judicial, la mencionada resolución municipal vulnera derechos constitucionales como el libre transito, la libertad de manifestación y la democracia.
«Presento habeas corpus restringido, por prohibición de acceso o circulación al Centro Histórico de Lima para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas», se lee en el oficio.
Seguidamente, añade, «se declare fundada la petición y consiguientemente, se disponga la derogación y anulación del Acuerdo de Concejo Nº026, de fecha 10 de febrero del 2023, emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima».
Entre los argumentos, el ciudadano se refirió a que la gestión edil «utiliza de forma malintencionada» los fundamentos legales para dicha declaratoria, tales como artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades y de la Constitución, con la finalidad de darle sustento a una norma «arbitraria e inconstitucional», que vulnera y viola derechos, discrimina, causa desigualdades y hace deducir «una dictadura».
Propuesta del ciudadano
Señaló que la restricción y prohibición total de las marchas «solo hace demostrar que estamos en una dictadura o en una democracia que está agonizando y muriendo».
En esa misma línea, detalló que la Municipalidad Metropolitana de Lima «debió emitir una norma en donde no se afecte el derecho fundamental a la protesta y sus derechos conexos». «Reiteramos, una sociedad democrática es aquella en donde su población festeja sus derechos fundamentales», remarcó.
Líneas abajo, expresó que, en lugar de realizar la declaratoria, se pudo haber hecho mesas de diálogos con las agrupaciones sociales, cordones de seguridad para proteger a manifestaciones, habilitar vías alternas, invocar la prevención y seguridad de las instituciones públicas y privadas.
Además indicar horarios convenientes para las manifestaciones, asumir una conducta vigilante, y de ser el caso, proporcionalmente represiva, «siempre y cuando haya medios probatorios contundentes sobre la afectación a un tercero o bienes públicos», según los protocolos y normativas de la Policía Nacional de Perú (PNP).
Enfatizó que el Ejecutivo también dispone estas medidas, pero «restringidas y solo por emergencia y no de manera indeterminada», en referencia al estado de emergencia en Puno, Lima, Cusco, y en algunas carreteras de la red vial Nacional.
Adicionalmente, expreso su lamento respecto a que la gestión edil «haga entrever que los manifestantes ocasionaron el incendio en el jirón Carabaya cuadra 9», que generó el derrumbe de la casona Marcionelli, a pesar de que las causas del siniestro están en investigación.
