El abogado de la Minera Shuntur SAC, empresa peruana que se dedica a la exploración, extracción y desarrollo de la minería peruana, Roberto Quispe Morán (DNI Nº 41225188), denunció que su representada viene siendo perjudicada en sus concesiones, porque tanto en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (IMGEMMET) y en el Consejo de Minería, no consideran sus legítimos derechos y, al parecer, buscarían favorecer a un tercero en perjuicio de su compañía de minerales extralíferos no ferrosos.
FAVORITISMO A TERCEROS
Señala que, el empresario Dante Renso Jorge Marsano Bacigalupo y a través de su abogado Héctor Ubaldo Cucho Mendoza, quien el 14/03/2023, solicitó al INGEMMET la Constitución de una Sociedad Legal y reducción de dos concesiones mineras de Minera Shuntur S.A.C., con conocimiento que dicho trámite corresponde al Gobierno Regional de Ancash y no al INGEMMET por tratarse de una pequeña minera adecuada a las condiciones del art. 91 de la Ley General de Minería.
Indicó que, para esto, el INGEMMET omitió el realizar el análisis de competencia establecido en el art. 16.2 del Reglamento de Procedimientos Mineros, y “declarándose competente emitió la Resolución de Presidencia N° 3244-INGEMMET/PE/PM del 14/07/2023, mediante la cual crea una Sociedad Legal y procedió a reducir las dos concesiones de mi representada en favor de la Sociedad Legal y nombra como su gerente general a Dante Marsano Bacigalupo, es decir, sin sustento legal favorece al solicitante. Dicha Resolución fue Expedida por el Presidente Ejecutivo el Ing. Jhon Luna Córdova, quien además ostenta el cargo de vice ministro de Mina”.
CERTIFICADOS CUESTIONADOS
Dijo que, habiendo apelado dicha resolución dentro del plazo de ley (23/08/2023) fue calificado y concedido mediante resolución de fecha 29/09/2023. “A pesar de cumplir con lo que indica la norma; no obstante, el INGEMMET emite nueve (09) Certificados de Consentimiento, las cuales en coordinación con el abogado Cucho Mendoza (conocido por sus vínculos con las actividades mineras), fueron elevados a Registros Públicos, omitiendo nuestro recurso, y ante nuestro reclamo emitieron informes aduciendo que se había cometido un error, y dado que se había concedido el recurso de apelación, el error debía ser corregido por el Consejo de Minería”.
El Dr. Quispe, cuestionó que el Consejo de Minería, a pesar de tener conocimiento que la emisión y trámite registral de los Certificados de consentimiento fue ilegal, emite nueve resoluciones declarándose incompetente para emitir pronunciamiento, argumentando que “al encontrarse inscrita la sociedad legal se presume que los certificados de consentimiento son veraces”, es decir, se presume que no recurrimos la resolución de presidencia emitida por el INGEMMET, a pesar que tenían a la vista todos los informes emitidos por el propio INGEMMET señalando que la inscripción de la sociedad legal no debió darse.
DENUNCIA PENAL
El abogado, precisa que estas irregularidades han dado origen a dos investigaciones penales que se encuentran en trámite, una investigación por Cohecho (Corrupción de Funcionarios), toda vez que para el Ministerio Público no puede considerarse un error la emisión de los Certificados de Consentimiento sino que esto ha obedecido a otros intereses; asimismo, hay otra investigación por la comisión del delito de Falsedad Ideológica, toda vez sin lugar a dudas la información ingresada en los certificado de consentimiento (documento público) era falsa.
“Dado las irregularidades recurrimos al Poder Judicial que mediante Medida Cautelar ordenó la suspensión de las resoluciones emitidas por el INGEMMET y el Consejo de Minería. Además, que estas entidades al ser adscritas al Ministerio de Energía y Minas, se remitieron tres cartas notariales al ministro Rómulo Mucho informándole sobre las irregularidades y que ponga coto a estos procedimientos irregulares en contra de las mineras autorizadas”, acotó Roberto Quispe.
