Ministerio Público, por presiones políticas, no abre investigación porque significaría comprenderlo al expresidente García, responsable político de actos de su exministro
VÍCTOR ALVARADO
El ex fiscal de la nación, Pedro Chávarry, un año antes de dejar el cargo, aceptó a fines de diciembre del 2018 una denuncia contra del ex ministro de defensa, Julio Velásquez Yacarini , extensiva al expresidente Alán García Pérez, por detención y desaparición forzada de personas, en agravio del presidente de la Federación Agraria de Huancavelica, Falconieri Saravia Castillo, y del periodista ayacuchano, Hugo Bustíos.
La denuncia fue derivada inmediatamente por Chávarry al fiscal supremo coordinador del Ministerio Público, Luis Antonio Landa Burgos, para que inicie la instrucción penal correspondiente, lo cual no se ha hecho y permanece encarpetada desde entonces.
Caso Falconieri Castillo
Según la denuncia, la detención y desaparición del dirigente agrario, Falconieri Castillo, se produjo el 16 de marzo de 1990 en la ciudad de Huancavelica, fecha en que fue interceptado por efectivos militares, cuando se dirigía a una asamblea de la comunidad campesina de Santa Bárbara, de la que era agente municipal, la que iba a realizarse en las afueras de Huancavelica.
Los familiares de Castillo y las instituciones gremiales agrarias, optaron con declaraciones de testigos de su detención, por pedir la intervención del entonces ministro de defensa, Julio Velasquez Yacarini, para se reconozca su detención y se le garantice su integridad física.
Ministro niega
Pero el ministro de defensa Velásquez Yacarini negó, incluso por escrito, que se hubiera producido la detención desaparición de Castillo.
La afirmación del exministro Velásquez fue desmentida al sexto día siguiente, con el hallazgo del cadáver del dirigente agrario Castillo, con señales de haber sido objeto de ejecución extrajudicial de cinco balazos de fusil FAL, uno de ellos en un ojo, y de su degollamiento.
Caso Bustíos
En el caso de la detención- desaparición del periodista Bustíos, segun la denuncia, ocurrió exactamente lo mismo. El periodista Bustíos fue visto por última vez por su esposa, que lo acompañaba, ingresando por sus propios medios al cuartel naval de Huanta, para entrevistarse con el jefe de este recinto, el comandante AP Álvaro Artaza Adrianzén, alias “comandante Camión” y esclarecer un allanamiento de militares a su casa, en la víspera.
Los familiares de Bustíos, las organizaciones gremiales periodísticas e incluso el periodista Enrique Zileri, director de la revista “Caretas”, donde aquél laboraba en vida, al apersonarse al despacho del ministro Velásquez, y pedir se reconozca su detención, recibieron la misma respuesta.
“Camión”, para rehuir las investigaciones fugó del país y posteriormente fue declarado no habido, especulándose que vive en algún lugar del planeta con la identidad cambiada.
Ministro vuelve a negar
A los oficios por los que se le requería su intervención para que Bustíos sea devuelto con vida por el jefe naval del Cuartel Naval de Huanta, Velasquez respondió por escrito que el periodista nunca ingresó a este recinto, y que nunca fue detenido.
En ambos casos, según el denunciante Rolando Moreno Mendoza, Velásquez Yacarini, al negar las detenciones- desapariciones de Castillo y Bustíos, quedó incurso en el artículo 7.1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que considera como autores de este delito, no solo a los que aprehendan, detengan o secuestrn a una persona, sino también a los que siendo autoridades, se nieguen a dar información sobre estas personas.
García implicado
En fuentes del Ministerio Público, señalaron que el encarpetamiento de la denuncia estaría determinada por presiones políticas presuntamente apristas, porque la apertura de una investigación contra Velasquez, tendría que hacerse también contra el expresidente Alan García, por ser el responsable político de los actos de su entonces ministro de defensa, Julio Velásquez Yacarini.
La apreciación no es equivocada, porque en efecto, García es mencionado en la denuncia en duros términos legales.
