Polémica por contrato de concesión y falta de transparencia en la operación del sistema ferroviario metropolitano.
La reciente propuesta para implementar un tren entre Lima y Chosica ha desatado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en su operación y financiamiento. Víctor Aguilar, experto en temas municipales y exregidor de Lima, señaló que el contrato de concesión asigna a la empresa Ferrocarril Central Andino (FCCA), liderada por Juan de Dios Olaechea, la facultad de elegir al operador que utilizará sus vías férreas, lo que considera un claro caso de ser “juez y parte”.
Aguilar destacó que este modelo no sería sostenible únicamente con ingresos de pasajeros, lo que implicaría un subsidio público. Sin embargo, hasta el momento, ni la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ni el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) han explicado cómo se financiaría dicho subsidio. Este vacío genera suspicacias sobre los beneficios reales del proyecto y si responde a intereses privados más que al bienestar ciudadano.
El programa La Encerrona reveló correspondencias que vinculan a Olaechea con la negociación de los trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain, en representación de la MML. Además, se recordó que Olaechea mantiene una relación empresarial con Rafael López Aliaga desde 1999, lo que acrecienta las dudas sobre posibles acuerdos favorecedores.
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Falta de planificación y contradicciones técnicas
Aldo Facho, urbanista, cuestionó la ausencia de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) en la planificación de este proyecto, pese a ser el ente encargado del transporte público en Lima y Callao. Asimismo, subrayó la necesidad de construir una segunda vía y pasos a desnivel para que el sistema sea eficiente, pero no se ha aclarado quién asumiría estos costos adicionales.
Facho también señaló que la Línea 2 del Metro, próxima a entrar en operación, atenderá una mayor demanda con una ruta similar entre Ate y el Callao. Por otro lado, el tren propuesto operaría en zonas menos densas y con menor consolidación urbana, lo que plantea dudas sobre su impacto y utilidad.
Finalmente, el abogado Luis Durán Rojo resaltó que la MML no tiene competencia sobre las vías férreas en cuestión, lo que podría complicar la implementación del proyecto. “Es necesario determinar si esto realmente beneficiará a la ciudadanía o si responde a intereses estratégicos de la empresa concesionaria”, advirtió.
La falta de transparencia y los vacíos en la planificación han convertido este proyecto en un tema de alto debate público.
