Nueva denuncia complica situación de ex presidentes Alejandro Toledo y Alan García
La Fiscalía sustentó ayer, en el contexto del caso de investigaciones por lavado de activos que se sigue a la empresa Andrade Gutiérrez, , Queiroz Galvao y Camargo Correa, que los sobrecostos en el tramo IV de la carretera Interoceánica Sur fueron de alrededor de US$5 millones.
Es necesario recordar, que durante las diligencias del Equipo Especial Lava Jato en Brasil, uno de los colaboradores eficaces y exdirectivos de Odebrecht, Sergio Nogueira, declaró que se habían entregado alrededor de US$45 millones en sobornos para la construcción de IIRSA Sur en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García.
De esta manera, el fiscal superior Jesús Sáenz Gallegos indicó que el informe 601-2018 de la Contraloría General de la República, sostiene que «hubo sobredimensionamiento de US$ 4’326,951 en obras por las empresas investigadas» en el citado tramo vial de IIRSA Sur en el cerro denominado «Dedo de Dios».
Asimismo, el funcionario del Ministerio Público precisó también que otro informe de Ositran reportó sobrecostos de US$ 1’188,707 por actividades de voladura, remoción de rocas y otros materiales que no se llegaron a realizar.
Cabe precisar que la obra del tramo IV de la Interoceánica Sur estuvo a cargo de la empresa Intersur Concesiones S.A., consorcio integrado por las empresas Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y Camargo Correa. Las dos primeras están implicadas en el caso del ‘Club de la Construcción’.
Además, el fiscal superior aclaró que las empresas tienen responsabilidad penal y civil en el caso de la obra de Interoceánica Sur, pues la audiencia se desarrolló por una apelación que presentaron los abogados de Andrade Gutiérrez e Intersur Concesiones debido a que sobre ambos pesa una orden de inhibición sobre sus bienes, como vehículos de su propiedad.
Sobre este punto, el Colegiado A de la Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial decidirá dentro del plazo de ley el pedido de los abogados para anular la inhibición sobre las empresas implicadas. Asimismo, uno de los letrados sostuvo que el informe de la Contraloría no debía ser incluida en la investigación preliminar. Fue en octubre del 2018 que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria admitió la solicitud de la Fiscalía para aplicar esta medida contra las constructoras.
