Familiares y abogados aseguran que jóvenes fueron engañados para inculparlos en delitos
Nueve hombres sin antecedentes penales fueron detenidos en un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP), acusados de pertenecer a la presunta banda criminal «Los Siniestros de la Extorsión«. Sin embargo, familiares y abogados denuncian irregularidades, señalando que las capturas podrían haber sido fabricadas.
El caso fue expuesto por el programa Cuarto Poder, que reveló testimonios comprometedores. Gianfranco Aliaga Lara, sobrino de un agente policial conocido como «Coky», declaró que su tío le pidió reclutar a personas para un supuesto trabajo temporal. Según Aliaga, estas nueve personas fueron contratadas para cuidar una finca en el sur de Lima a cambio de un pago que oscilaba entre 100 y 150 soles.
Durante el operativo, la PNP presentó como evidencias armas, municiones, droga y una granada, elementos que, según los testimonios de los implicados, fueron sembrados.
Geraldine Salazar, esposa de uno de los detenidos, señaló: “Están creando operativos falsos, engañan al ministro diciendo que capturan bandas”.
Lee también:
“Cualquier violación de la tregua será respondida con fuego”
Una grabación del operativo mostró inicialmente a diez detenidos. No obstante, Gianfranco Aliaga, el reclutador, fue liberado en el lugar, una acción que no figura en los registros oficiales. Según Salazar, Aliaga habría recibido instrucciones directas de su tío para abandonar el operativo.
Entre los detenidos figuran Brayan Vega, vigilante y bailarín de música andina; Jeremías Allicapo, exmilitar de los Húsares de Junín; y Milton Panta, conductor de transporte público, quienes sostienen haber sido víctimas de un engaño. Todos ellos fueron arrestados en una miniván, donde supuestamente se hallaron los elementos incriminatorios.
A pesar de las acusaciones iniciales de extorsión, la Fiscalía solo ha imputado a los detenidos por posesión de drogas y armas. Mientras tanto, los hombres permanecen en prisión preventiva en el penal de Lurigancho.
La PNP, por su parte, no ha dado una respuesta clara sobre las denuncias. Fuentes oficiales se limitaron a señalar que sus esfuerzos están enfocados en combatir la criminalidad. Las familias de los implicados exigen una investigación exhaustiva para esclarecer las acusaciones y restaurar la confianza en las instituciones.
Este caso pone en entredicho las prácticas de la PNP y su manejo de operativos, dejando al descubierto posibles abusos que podrían comprometer la credibilidad de la lucha contra el crimen organizado en el país.
