JAVIER VALLE-RIESTRA
Los artículos que escribo en “La Razón”, hace años, son sustantiva y polémicamente políticos. Salimos a combatir a los fascistas criollos disfrazados de demócratas; allí está el caso del siniestro Pedro Castillo, repudiado por las masas, empero él se siente un predestinado y pontifica sobre lo que no sabe, como los derechos humanos de las comunidades y los pueblos del ande. Las masas piden pan y libertad, y los demagogos castillistas solo quieren inmerecida publicidad. Hoy me voy a ocupar de los Derechos Humanos (DDHH) desde una perspectiva apolítica, destinada a decapitar a los pedrocastillistas.
II
Víctor Raúl, el líder de la Asamblea Constituyente (1978-1979), me encomendó introducir el catálogo de los Derechos Humanos. Fuimos más lejos, incorporamos al Perú a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia desconocida entonces: la jurisdicciónsupranacional, en donde toda persona, para hacer prevalecer sus derechos fundamentales, se enfrenta contra el Estado, de igual a igual en un estrado. Cuando Haya supo que me avocaría a esa tarea, me felicitó y me dijo: “Manos a la obra, ve a construir el edificio de los Derechos Humanos burlado por el militarismo y sus secuaces”; y que ahora los seudoizquierdistas y castillistas pretenden desconocer. Hablemos entonces de los derechos humanos de las nuevas generaciones, de esas que vendrán pero que no tienen voz. A la cárcel los carceleros, al poder los que tiene fe en la anatomía de una sociedad vanguardista en materia de libertades que no solo son la prensa, la TV, el seudoparlamento y el timorato e intonso Tribunal Constitucional. Ayudémonos en esa tarea de arquitectos revolucionarios de un nuevo mundo.
III
Pasemos ahora a tratar sobre el medio ambiente y los derechos humanos de las generaciones futuras. Veamos que no solo es pan y libertad, sino, también, un ambiente adecuado y no pauperizado. Los DDHH son autoejecutables, el ocio del legislador no los trunca; son progresivos, van perfeccionándose. Históricamente; la Revolución Francesa introdujo la libertad, la igualdad, la fraternidad, conocidos como derechos de primera generación, aunque ya existía el habeas corpus británico y los fueros españoles; la justicia social de la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, como derechos de segunda generación; luego vendrían los derechos culturales, la independencia, el anticolonialismo y el hombre como sujeto activo del derecho internacional, como derechos de tercera generación, expresados en la Carta de Naciones Unidas, el Pacto de San José y el Pacto de Roma. Los DDHH prevalecen sobre cualquier otro, son de amparo y tutela judicial efectiva; son irreversibles, cuando son conquistados por los pueblos, no admiten reversibilidad y su único cambio solo puede ser su progresividad, su radicalización, el derecho preferente. Con la Constitución de 1979 hemos ingresado a la CIDH para siempre (ver mi libro “La Jurisdicción Supranacional”, Ed. 2002). Hoy, con el Acuerdo de Escazú, la Corte IDH también será el fuero competente para la justicia ambiental cuando sea traicionada por los tribunales domésticos tan impredecibles en el Perú; sin embargo, en respeto al debido proceso interno y continental es preciso aprobar y ratificar los acuerdos sobre DDHH en materia de justicia ambiental.
IV
Ante la progresiva y creciente devastación ambiental a escala global, los que más sufren son los defensores ambientales y las comunidades como guardianes de la biodiversidad. Emerge así una generación de “derechos de solidaridad” que, en principio, son indeterminados, resguardan intereses difusos, afectan a individuos y colectividades. Esos derechos abarcan el derecho a un ambiente sano, a la paz, al desarrollo sustentable, a laequidad intergeneracional, por mencionar algunos. Esta situación nos obliga a revisar todas las formas de supervivencia y vida en la Tierra. La biosfera está en serio riesgo. Los DDHH y justicia ambiental tienen como antecedentes a la Declaración de Estocolmo (1972), la Declaración de Rio sobre medio ambiente y desarrollo (1992) y ahora el Acuerdo de Escazú (2018), suscrito por el Perú en el cantón de Escazú, provincia de San José, Costa Rica. Ese Acuerdo debe ser ratificado por el Congreso si queremos DDHH plenos.
Como eslogan de esta batalla digo: “Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra”. Deben ir al ataúd los que pontifican –sin saber de qué se trata— de los derechos humanos. Los jóvenes sí saben. Los viejos están podridos. Pienso como los jóvenes y por eso me enrolo en esta batalla a los noventa años.
(*) Jurista, exconstituyente, exdiputado y exsenador de la República.
