El pasado 7 de julio, se aprobó el Decreto Supremo Nº 009-2022-MINEDU, el cual modifica inconstitucionalmente el estatuto actual de Derrama Magisterial, violentando a la propiedad privada y el fondo de los maestros del Perú, ya que vulnera por completo la seguridad social de los docentes, siendo un atentado al sistema previsional del país y el Estado de Derecho.
Dicho decreto plantea intervenir directamente los estatutos de la institución mediante una imposición en la modificación de la estructura, ejerciendo influencia en una de las más eficientes asociaciones previsionales del país. Sin embargo, este acto no sería viable, ya que la jurisprudencia sólo reconoce al Estado la capacidad de aprobar las modificaciones y estatutos, más no la de llevar a cabo un cambio. Cualquier modificación solo puede ser realizada por el mismo Directorio de la institución.
La institución de seguridad social privada -creada en 1965- es de carácter privado y de autonomía administrativa, económica y financiera; perteneciente a los maestros que trabajan en las instituciones educativas del Estado, quienes voluntariamente deciden ser asociados para afrontar situaciones como retiro, invalidez y fallecimiento. Aún así, a un nivel de control, el Ministerio de Educación (MINEDU) actualmente tiene integrantes en el Directorio y en el Consejo de Vigilancia.
En 1984, la institución -administrada en ese entonces por el Estado- era una empresa quebrada, hasta que pasó a manos de los maestros; que con una gestión eficiente, han logrado entregar más de S/. 780 millones a 75 mil docentes en los últimos 10 años. Asimismo, desde hace más de 25 años, está bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), quien regula y garantiza el buen uso de los recursos.
“Esta es una alerta para las empresas privadas o entidades financieras, ya que quedaría como precedente que, con el objetivo de ser democratizadas, estas cuenten con un directorio elegido por el Estado, ocasionando así un quiebre en el Estado de Derecho”, advierte Espinoza.
Finalmente, el presidente de la institución previsional del magisterio peruano manifiesta que, junto a su equipo legal, interpondrán las acciones legales necesarias, agotando el espacio jurídico en el país, con el único objetivo de defender los derechos constitucionales de los más de 250.000 maestros y maestras asociados.
