Pescadores de Lobitos enfrentan graves pérdidas económicas tras el derrame.
El 21 de diciembre, pescadores de Lobitos, reportaron manchas de hidrocarburo en la playa Las Capullanas, afectando el ambiente y la fauna. El derrame provenía de la refinería de Talara, gestionada por Petroperú, y se extendió hacia otras playas de la región, como Punta Malacas y Retín de Cabo Blanco. Esta contaminación llevó al gobierno a declarar a Talara en emergencia ambiental por 90 días, lo que provocó la paralización de la pesca artesanal, afectando gravemente la economía local.
Jorge Periche Paiva, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Lobitos, señaló que solo un pequeño porcentaje de embarcaciones volvió al mar tras un mes de inactividad. Las especies marinas se han desplazado debido al derrame, lo que ha obligado a los pescadores a alejarse más del litoral para evitar productos contaminados. Además, denunció que la llegada de turistas para las festividades de fin de año se canceló, afectando también al sector turístico. Por su parte, Carlos Periche Fiestas, pescador con años de experiencia, señaló que, debido a la crisis, ha tenido que trabajar como carpintero para sostenerse económicamente.
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El impacto de la fuga ha sido severo para más de 600 pescadores de la zona. Los gremios de Lobitos y Cabo Blanco, junto con los de Pariñas, han solicitado compensaciones por las pérdidas ocasionadas. Hasta ahora, Petroperú ha entregado vales de consumo, pero los montos no son suficientes y muchos beneficios aún no se concretan. En Lobitos, se gestionan compensaciones de 3,000 soles por pescador.
Sixto Panta Ramírez, líder de los pescadores de Pariñas, indicó que más de 3,000 miembros de su gremio han sido afectados por el derrame. Panta solicitó una indemnización mayor y mantiene su confianza en el abogado Jose Allemant Sayan, quien estuvo involucrado en las negociaciones del derrame de Repsol en 2022.
