Ante la denuncia de que la Fiscalía de la Nación estaría detrás de una campaña para promover la vacancia presidencial a través de carpetas fiscales armadas, la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, disolvió el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), conformado para investigar de forma exclusiva casos de altos funcionarios.
La resolución, publicada en el diario oficial El Peruano, suprime la disposición que asignaba a la fiscal superior Marita Barreto al frente de este equipo.
Recientemente la EFICCOP investigó a ‘Los Waykis en la Sombra’, una red de tráfico de influencias presuntamente liderada por el hermano de la mandataria Dina Boluarte, incluso se utilizó como “agentes encubiertos” al coronel Harvey Colchado, con el objetivo de implicar a la presidenta.
Según la Fiscalía, Mateo Castañeda se reunió con Harvey Colchado -el pasado marzo- y le pidió que interceda ante la fiscal Marita Barreto para que la investigación contra Nicanor Boluarte sea archivada. Colchado aparentó brindar su apoyo.
Según la resolución de Delia Spinoza, se indica que los fiscales provinciales y adjuntos, junto con el personal administrativo, serán incorporados a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y que continuarán tratando, con dedicación exclusiva, los casos en trámite hasta su conclusión.
Los expedientes que antes eran manejados en primera instancia por el EFICCOP ahora serán revisados en segunda instancia por la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El cambio es considerado “pertinente” para que actúen bajo una única coordinación, lo que contribuirá a “garantizar una administración de justicia más efectiva” y permitirá “estandarizar criterios investigativos y optimizar la gestión y utilización de los recursos”.
Se instruye a la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que tome las medidas necesarias para implementar estas disposiciones. La resolución enfatiza que, ante “la alta y grave incidencia delictiva”, es necesario realizar los máximos esfuerzos en la lucha anticorrupción, a pesar de los “escasos recursos asignados”, para lograr “un óptimo resultado”.
Conformado en julio de 2022, el EFICCOP ganó notoriedad por sus investigaciones en importantes casos de corrupción en el Perú. Uno de los más destacados fue el de la empresaria Karelim López, quien implicó al expresidente Pedro Castillo en una supuesta organización criminal dentro del Ejecutivo. También investigó a los congresistas conocidos como ‘Los Niños’, quienes coordinaban actividades ilícitas con Castillo. Sin embargo, luego se dedicaron a armar investigaciones contra la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusándola de pertenecer a una organización criminal por presuntamente gestionar en el Congreso votos a favor de la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la destitución de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y el nombramiento de Josúe Gutiérrez como defensor del Pueblo, a cambio del archivamiento de procesos fiscales de parlamentarios, los cuales hasta ahora no se prueba.
En octubre pasado, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público suspendió por seis meses a la entonces coordinadora del equipo, Marita Barreto, quien está bajo investigación preliminar por presunta filtración de información a un periodista. Barreto calificó la decisión de “arbitraria y desproporcional”, y lamentó que la ANC no considerara sus descargos. La Fiscalía investiga posibles delitos de revelación indebida y omisión de actos funcionales, medida que ella criticó como excesiva.
De otro lado, el Ministerio del Interior ya había disuelto la unidad de la Policía Nacional (PNP) que apoyaba al EFICCOP, al alegar “duplicidad de funciones” con otras divisiones que también realizan tareas de inteligencia e investigación contra el crimen organizado. Previamente, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) y el equipo especial habían allanado la casa de Boluarte en una investigación preliminar por posible enriquecimiento ilícito, liderada por el coronel Harvey Colchado ahora suspendido.
