DESCONCIERTO TOTAL

por | Feb 17, 2018 | Opinión

Francisco Chirinos Soto

La determinación adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que funciona en la ciudad de San José, capital de la República de Costa Rica, en el proceso que se sigue al interior del Congreso de la República, contra cuatro integrantes del Tribunal Constitucional, ha venido a traer un nuevo y grave factor de confusión e incertidumbre en nuestros más elevados niveles forenses y judiciales. La decisión del organismo supranacional ha consistido en ordenar a nuestro Congreso que ponga término a ese proceso en el que se pretendería sancionar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por haber alterado sustancialmente el sentido de un voto emitido años atrás por un magistrado ya jubilado y cesante y, de esa manera, impulsar que el proceso penal seguido hace varios lustros contra militares que intervinieron en el caso El Frontón, que había sido cerrado con la absolución de los implicados, sea nuevamente activado a fin de sentar otra vez en el banquillo a los supuestos responsables de esos hechos, que envolvieron ejecuciones sumarias y extrajudiciales.

Solamente explicar en qué consiste el asunto, me ha consumido ya un tercio de la columna semanal que LA RAZON me dispensa. Así es de complicado. La opinión pública, en su gran mayoría, no alcanza a percibir el asunto en toda su complejidad. La esencia de los hechos está en que a raíz de un amotinamiento de presos, todos ellos imputados de delitos políticos, que produjo un enfrentamiento armado entre los internos –que habían acumulado abundante y valioso material de guerra- y las fuerzas del orden, las cuales terminaron imponiéndose. La incriminación que siguió inmediatamente fue en el sentido de que, una vez terminada la batalla, se produjeron una o más ejecuciones extrajudiciales, ilegales por cierto, aplicadas por elementos de la fuerza armada. Ello dio lugar a la apertura de un proceso que, en su momento, requirió varios años de actividad jurisdiccional. La causa terminó con un sobreseimiento a favor de los imputados.

Pero quienes alentaban esos procesos y exigían las sanciones judiciales no cesaron en sus empeños y siguieron acudiendo a los tribunales de justicia, en busca de alguna resolución que ordenara la continuación o reapertura de la causa. Todo ello tuvo un resultado negativo para sus auspiciadores. Hubo una sentencia final del Tribunal Constitucional, recaída en un proceso de amparo iniciado dentro de esta problemática. La propia resolución del Tribunal Constitucional fue complicada y confusa. Un voto de un antiguo magistrado, con fundamentación

propia y hasta con rasgos discordantes, hizo finalmente mayoría para que se desechara el amparo y el fallo final que favorecía a los militares quedara firme.

Y he ahí que en el propio Tribunal Constitucional, cuatro magistrados actuales, por sí mismos y ante ellos mismos, decidieron darle sentido inverso al voto aquél y de tal manera consiguieron que la resolución final se cambiara y resultara ordenando precisamente lo que antes se había negado, o sea la reapertura de la causa penal contra los militares. Esos cuatro magistrados han sido enjuiciados por el Congreso de la República, en ejercicio de sus atribuciones, y ahora ha venido la Corte Interamericana a ordenarle al Congreso que no dé un paso más. El Congreso se resiste y cuenta con el apoyo de la Ministra de Relaciones Exteriores. Entre tanto, observadores y juristas intercambian opiniones y dardos en una y otra direcciones.

El Congreso, por lo pronto, está pidiendo a la CIDH una aclaración sobre su fallo, pues lo considera confuso y vacilante. Pienso que para avanzar en la ruta de un esclarecimiento cabal, la Corte de San José debe allanarse a dar una explicación y exhibir las razones jurídicas en las que se apoya para ordenar el cese o la interrupción de un proceso en marcha al interior del Congreso. Por lo pronto, en mi opinión, la CIDH carecía de autoridad para hacer lo que ha hecho. Ni siquiera le había llegado el expediente en vía de apelación y ya avanzaba indebidamente sobre el fondo. Estaremos vigilantes y atentos.

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