El Poder judicial embargó $840 000 debido a transferencias inmobiliarias realizadas de manera ilegal por parte de García Pérez.
El Ministerio Público detectó transferencias sospechosas que realizó el fallecido expresidente Alan García, por las cuales solicitó la retención de un monto de una renta valorizada en $ 840,874,61, dinero que se considera de origen ilícito. Esta sería parte de una secuencia de transferencias del exmandatario aprista.
La primera transferencia se realizó como un contrato entre mutuos realizado entre Alan García y la empresa Inversiones Inmobiliarias Tesla S.A.C. en marzo del 2015. Como se puede notar en registros públicos, la empresa fue creada por dos mujeres: Karina Leuridan Ruiz y Carolina Menbrillo Soifer, quienes tenían en aquel entonces 39 y 28 años respectivamente. Sin embargo, la primera de ellas negó ser propietaria de esta empresa o recibir algún pago de Alan García. “A mí no me ha hecho ningún préstamo”, comentó.
En octubre del 2018, la empresa devolvió a Alan García una suma de $1′140,874, lo que significó una rentabilidad de más de $ 240,000. El expresidente volvió a realizar una transferencia similar con este dinero, según confirmó su abogado Erasmo Reyna. El proyecto inmobiliario que se realizó con esta inversión está en la calle Francia, en Miraflores, con una empresa proveedora identificada como Inversiones Inmobiliarias Trixter S.A.C. Los socios fundadores, fueron; Daniela Mohamad García, ciudadana extranjera a quien fue imposible ubicar y Rolando Bruno Oblitas de 46 años, cuya familia asegura que es un chofer y no un empresario.
