¡Desde mañana! Como parte de las medidas para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir delitos como la extorsión y el fraude.

A través del Decreto Legislativo N.° 1738, publicado recientemente en el diario oficial, se incorpora al marco legal un tope que establece que cada persona natural podrá mantener hasta siete (7) servicios públicos móviles (línea telefónica)  bajo su titularidad, sin importar la operadora con la que se hayan contratado. Esta disposición entrará en vigencia a partir del sábado 14 de febrero de 2026.

La medida modifica el Decreto Legislativo N.° 1338, que creó el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), y busca reducir el uso indebido de múltiples líneas telefónicas que pueden facilitar actividades delictivas, especialmente la extorsión telefónica, mediante el anonimato. En el Perú, según Osiptel, el 87 % de las extorsiones se realizan a través de llamadas anónimas, muchas veces con números no fácilmente rastreables.

Si una persona ya tiene más de siete líneas registradas a su nombre antes de la entrada en vigencia de la norma, podrá conservarlas temporalmente, pero no podrá adquirir nuevas líneas adicionales, a menos que dé de baja algunas de las existentes para cumplir con el límite establecido.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) será el encargado de supervisar el cumplimiento de esta regla, además de coordinar con las empresas de telefonía para que verifiquen cuántas líneas tiene cada usuario antes de contratar un nuevo servicio.

La normativa también incluye herramientas para que los usuarios consulten cuántas líneas tienen registradas a su nombre, y puedan reportar o solicitar la baja de aquellas que no reconozcan, mediante plataformas oficiales habilitadas por Osiptel.

En la práctica, esta medida se alinea con experiencias similares en otros países que han buscado limitar el número de líneas por persona como parte de estrategias para reducir el anonimato en las comunicaciones móviles y dificultar el uso de teléfonos en actividades delictivas.