Empresario Juan Torres niega declaración de investigada por corrupción

 

En un nuevo capítulo del caso de corrupción que involucra a la empresaria Sada Goray Chong y el Fondo MiVivienda, el empresario Juan Ricardo Torres Cubas ha negado categóricamente las acusaciones de su ex socia, quien intenta implicarlo en los pagos de sobornos al gobierno de Pedro Castillo.

Ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Torres Cubas rechazó las afirmaciones de Goray, quien en su segundo intento de colaboración eficaz, lo señaló de haberle prestado dinero para pagar coimas a funcionarios y, presuntamente, de haber entregado S/1 millón al congresista Darwin Espinoza Vargas para impulsar una ley a favor del sector atunero.

 

VERSIÓN DESESTIMADA

El testimonio de Torres cobra especial relevancia, ya que no es la primera vez que la información proporcionada por Goray ha sido cuestionada. Un primer pedido de colaboración eficaz de la empresaria fue desestimado por Eficcop al no poder corroborar sus datos, lo que motivó su detención el 7 de julio de 2023, al retornar al país desde el extranjero. La Fiscalía detectó que Goray «no había dicho toda la verdad» con el objetivo de proteger a varios implicados.

Sada Goray y Juan Ricardo Torres fueron socios en diversos proyectos. Goray había confesado previamente haber pagado un soborno de S/4 millones a Salatiel Marrufo, jefe de asesores de Vivienda, dinero que, según Marrufo, habría llegado a manos del exministro Geiner Alvarado y el expresidente Pedro Castillo.

 

AMENAZA VELADA

Torres Cubas reveló ante el fiscal un incidente que lo hizo comprender que la empresaria intentaba amedrentarlo. Estando detenida en la Prefectura de Lima en julio de 2023, Goray se comunicó con Torres a través de su entonces abogado, Rolando Leiva Valencia.

«Ella me dijo: ‘Hola, Juan Ricardo, tú sabes que yo soy tu amiga. Lo que menos quiero es hacerte daño… Aquí ya saben todo el tema del atún, por tanto, tienes que venir para demostrar que siempre hemos sido extorsionados'», relató Torres, quien interpretó la frase como una amenaza velada. Goray le pedía que acudiera a la Prefectura para «ponerse de acuerdo» sobre su declaración.

 

PRÉSTAMOS, NO COIMAS

En su defensa, Torres aceptó haber mantenido una relación comercial con Goray desde 2020 y haberle otorgado varios préstamos a través de su empresa Inversiones de Acuicultura, los cuales la empresaria devolvía puntualmente con intereses, un hecho que, según él, está «todo documentado». Negó, sin embargo, haberle dado S/1 millón para sobornar al congresista Espinoza.

Torres explicó que Goray, cuya principal fuente de ingresos provenía de negocios inmobiliarios con ganancias exponenciales –como la venta del terreno Loma Bonita de Chilca, comprado en US$1 millón y vendido en US$54 millones–, le pidió incursionar en el sector pesquero, que es el ámbito profesional de Torres.

 

PRESENTACIÓN NOCIVA

Respecto al congresista Darwin Espinoza, Torres negó rotundamente haber pagado para la modificación del Reglamento del Ordenamiento Pesquero del Atún. Aseguró que conoció al legislador «a inicios del año 2022» por intermedio de la misma Sada Goray, quien se lo presentó como su «amigo y alto funcionario del Sector Vivienda», desconociendo que era congresista.

Para sustentar su versión, Juan Ricardo Torres ofreció al Eficcop presentar testigos y documentos que demostrarían que ni él ni sus empresas se beneficiaron de la polémica norma del sector atunero, contradiciendo por completo la nueva versión de Sada Goray.