Ciudadanos critican falta de presencia en zonas peligrosas.
El despliegue de militares en Miraflores ha generado críticas, luego de que el gobierno declarara el estado de emergencia en Lima y Callao. La medida, que busca frenar el avance de la criminalidad, ha causado cuestionamientos debido a que Miraflores es uno de los distritos con menor incidencia de delitos violentos en la capital.
Mientras zonas como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Comas registran altos índices de homicidios y extorsiones, en Miraflores solo se reportaron 48 denuncias de este tipo durante el 2024. Pese a ello, efectivos de las Fuerzas Armadas fueron desplegados en puntos estratégicos como Larcomar y el parque Kennedy, donde patrullan con armas largas.
Este despliegue contrasta con la ausencia de presencia militar en distritos con mayor violencia. Usuarios en redes sociales han cuestionado la lógica de la medida, señalando que el resguardo debería priorizar las zonas más afectadas por el crimen. Comentarios en tono irónico destacan la aparente protección especial a Miraflores, mientras otros distritos siguen enfrentando asaltos y atentados con explosivos.
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El ex teniente general de la Policía Nacional, Edgardo Garrido López, criticó la estrategia del gobierno, asegurando que la declaración de emergencia ha demostrado ser ineficaz en el pasado. Señaló que sin un plan de inteligencia y tecnología aplicada al crimen organizado, el despliegue militar carece de impacto real en la reducción de la delincuencia.
Por su parte, la congresista Norma Yarrow expresó su preocupación por la distribución de los recursos de seguridad. Indicó que en zonas como El Agustino, Villa María del Triunfo y Los Olivos la criminalidad sigue al alza sin una intervención efectiva. Además, cuestionó la falta de patrullaje en lugares clave como estaciones de transporte público, donde se han registrado asaltos a plena luz del día.
El estado de emergencia, decretado el 17 de marzo por un periodo de 30 días, permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y la restricción de ciertos derechos como la libre circulación. Sin embargo, la implementación de esta medida ha generado debate sobre su efectividad y la distribución equitativa de los recursos de seguridad en la ciudad.
