El informe preliminar aprobado por la Comisión Investigadora Multipartidaria, presidida por Alejandro Muñante, acusa a los fiscales encargados de la negociación de colaboración eficaz con Odebrecht de haber archivado procesos penales de manera irregular.

El congresista asegura que existen indicios de que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez habrían infringido las normas del proceso, mencionando que se habrían aplicado beneficios del acuerdo a casos no relacionados con él, lo que según él contravendría la normativa penal.

Con este informe preliminar, la Comisión que investiga el caso Odebrecht solicitó 90 días de prórroga para continuar con las investigaciones.

Alejandro Muñante explicó que, tras la votación favorable del informe, se espera que esta semana se pueda sustentar en el pleno con el fin de solicitar la ampliación del plazo para terminar con el proceso de investigación a espera de entrega de información de la Fiscalía.

«Son conclusiones preliminares aún, todavía son indicios de información que necesitamos corroborar y documentación que todavía se nos ha sido negada por el Ministerio Público», explicó.

Dio a conocer que entre lo solicitado están las actas de colaboración eficaz que permitió que se archiven 43 denuncias contra Odebrecht. Asimismo, cuestionó el archivo de otras 10 denuncias por aprobación del fiscal José Domingo Pérez.

«Yo creo que, como bien lo apunté en la misma sesión, ha sido un acto que nos parece bastante sospechoso, que se apele a una ley cuyo plazo todavía no se ha vencido y que se hayan archivado, en mérito de esta ley, 10 carpetas de colaboración eficaz», contó.

Entre lo archivado se encontraría el proceso de defraudación tributaria iniciada por Sunat en contra de Odebrecht, asó como los casos de Olmos-Tinajones, IIrsa Sur Soluciones Técnicas y caso Monteverde.

Muñante expresó que tras la sustentación en el pleno se desarrollarán las conclusiones finales y las recomendaciones, de ser necesario se presentarán denuncias constitucionales contra los altos funcionarios de la Fiscalía si se confirma la existencia de irregularidades en las decisiones.