Esta madrugada, agentes de la División contra la Corrupción de la Policía Nacional (PNP), en conjunto con miembros de la Fiscalía, allanaron la vivienda del alcalde de San Isidro, Augusto Federico Cáceres Viñas.
El general PNP Fredy López Mendoza detalló que junto a la autoridad edil, también fueron detenidas siete personas.
En paralelo, se desarrollaron otras intervenciones en 14 inmuebles, entre las que están las casas de los siete intervenidos. Además, se han allanado cuatro oficinas de la Municipalidad de San Isidro. A ellos se les acusa por la presunta comisión de los delitos de colusión y peculado.
Durante un operativo fueron detenidos 7 funcionarios municipales y se allanaron 14 inmuebles.
La hipótesis de la Fiscalía refiere que los funcionarios municipales habrían participado en una simulación de contratos con una empresa dedicada al recojo de residuos sólidos por un valor aproximado de 48 millones de soles.
El trabajo de las autoridades ha derivado en la detención preliminar por el plazo de siete días del alcalde de San Isidro, así como de sus trabajadores, según el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.
El general Freddy López, director contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP), precisó que en total han sido detenidas 7 personas y se allanaron 14 inmuebles, así como cuatro oficinas de la municipalidad y de la empresa consorciada.
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“Estamos en una línea de investigación. Durante la madrugada hemos detenido a 7 personas para que sean sujeto de investigación por 7 días calendario, dentro de ellos se encuentra el alcalde, la gerente municipal, el subgerente de logística y el gerente de administración”, declaró para la prensa.
López explicó que este operativo inició en la madrugada y se llevaron a cabo en paralelo en 14 viviendas ubicadas en Barranco, Chorrillos, San Borja, Cercado de Lima, entre otros puntos de la capital, pertenecientes a funcionarios municipales de esta comuna.
La investigación, que se inició hace más de un año, está relacionada a la contratación de un servicio para el mantenimiento de las áreas verdes del distrito de San Isidro, por una vigencia de 3 años y por un monto total de 44 millones de soles.
“El alcalde tenía conocimiento de las irregularidades. La Contraloría le advirtió que el proceso venía siendo observado por una falta en las bases integradas y solicitó la nulidad de ese proceso”, añadió.