Por: Carlos Flores
El presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar Anappomil Coraje, Julio Monar Arias, destacó los proyectos que plantean la devolución de aportes a los Fondos de Vivienda Militar y Policial.
Consideró que se trata de un acto de justicia al tratarse del dinero aportado por militares y policías a lo largo de los años.
En ese sentido, mencionó el proyecto 7883-2023-CR del 17 de mayo del 2024, de la autoría del congresista Luis Roberto Kamiche Morante, en esencia señala que los aportantes que hayan pasado al retiro antes de la publicación de la Ley 31826, del 12 de julio del 2023, recibirán el total de la devolución de sus aportes, y en el caso que hayan fallecido, sus aportes más sus intereses se entregaran a sus sucesores.
En la misma línea dio de cuenta del proyecto 7900-2023 del 21 de mayo del 2024, del legislador Alfredo Azurín Loayza, quien constantemente apoya a la familia militar y policial.
Refirió que dicha propuesta legislativa tiene como objetivo principal que todos los aportantes policías y militares al Fondo de Vivienda Militar y Policial sin excepción, puedan solicitar la devolución de sus aportes, estableciendo que los mismos son voluntarios, agregando que el personal que haya sido beneficiado con cualquiera de las modalidades que otorga el fondo queda excluido del aporte.
Asimismo, mencionó el proyecto 8394-2023-CR del 17 de julio del 2024, de la parlamentaria Patricia Chirinos Venegas.
“Este documento propone que el personal de la PNP y de las FFAA tengan la posibilidad de solicitar el total de sus aportes mensuales al Fondo de Vivienda Militar y Policial más los intereses generados, que se extiende a los herederos forzosos”, anotó.
El proyecto beneficia al personal en actividad, en retiro o disponibilidad que haya accedido a un préstamo o a cualquiera de las modalidades que otorga el Fondo quede excluido de continuar pagando el aporte mensual al fondo.
Igualmente plantea una declaratoria de emergencia por 60 días de los Fondos para evaluación y reestructuración a cargo de una Comisión integrada por la Contraloría, los Ministerios de Defensa e Interior, Comisión de Defensa del Congreso la Defensoría del Pueblo y de los ex aportantes de diferentes grados jerárquicos de las FFAA y de la PNP.