Subdirector de La Razón
En su intervención en el Pleno del Congreso, el congresista Mauricio Mulder definió con exactitud la intensión de la izquierda caviar y sus medios amigos, – que lloran a mares por la mermelada pérdida-, que buscan perseguir las ideas y el pensamiento diferente.
Mulder citó a George Orwell, periodista y escritor británico, quien escribió su obra el «Gran Hermano», que en resumen describe a una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social.
Hoy en día, vivimos una dictadura del pensamiento: tienes que ser antifujimorista, el ser anti sirve para limpiar tus culpas.
No importa si escribiste en agendas, o si fuiste parte de un gobierno municipal acusado de recibir plata sucia de Odebrecht o si hablabas de decencia mientras 3 millones de verdes ingresaban a tu campaña presidencial en el 2011 desde Brasil. Nada de eso importa, si eres antifujimorista o antiaprista todos tus pecados son perdonados.
En esta sociedad orwelliana, hasta en las marchas hay directivas precisas: No salir a las calles contra la corrupción de Odebrecht, la exclusión de Graña y Montero de caso Lava Jato (a pesar que está implicada hasta el cuello). Tampoco se puede protestar contra la violencia terrorista en el VRAEM y menos marchar por imposiciones de ideologías de género.
Si un Fujimori o Mulder o García es mencionado en audios se tiene que abrir comisiones investigadoras, el Poder Judicial tiene que condenarlos y si hay tiempo ponerlos en la hoguera. Al diablo si en esos audios no se evidencian delitos. Pero está prohibido investigar si se menciona a Zeballos o si un exministro habla frases de “Tú ya sabes cómo es la nuez” en audios difundidos donde hay indicios de compra de votos para evitar una vacancia presidencial. Claro, la diferencia es que en el último caso un Mamani, andino él, es autor de las escuchas.
En esta dictadura del pensamiento todo valor se trastoca, los mismos que condenaron el autogolpe de 1992 hoy piden a gritos el cierre del Congreso.
Los audios difundidos que ponen al descubierto la pobreza moral de la administración de justicia debe ser castigada y sancionada con severidad si se configura el delito, pero lo que jamás se debe permitir es que sea usado como instrumento para desprestigiar al adversario político, sobre todo si no hay contenido penal en esas conversaciones. Pero es mucho pedirle a la autodenominada “reserva moral” del país.
