El regreso de Edmundo González Urrutia, líder opositor de Venezuela, a su país este viernes marca un punto de inflexión en la crisis política y social que atraviesa el país.
Tras haber ganado las elecciones, según las actas electorales que publicó la oposición y que contradicen el resultado oficial del régimen chavista, González se dispone a asumir la presidencia. Sin embargo, la amenaza de Nicolás Maduro de detenerle al pisar suelo venezolano plantea una situación tensa y peligrosa, con la posibilidad de un nuevo ciclo de represión.
Este momento se perfila como histórico para Venezuela, ya que es la primera vez en dos décadas que la oposición ha logrado demostrar, con pruebas fehacientes, su victoria en las urnas, lo que ha sido reconocido por la mayoría de la comunidad internacional. La confrontación entre el régimen de Maduro y la oposición de González es un reflejo de las profundas tensiones políticas, que incluyen la violencia y las detenciones arbitrarias que han caracterizado al gobierno actual. La jornada de este viernes será clave para el futuro del país.
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Por el momento, Venezuela ha hecho un movimiento inusual: cerrar su frontera con Colombia. Ha sido por orden de Nicolás Maduro para evitar «un posible complot internacional». Esto afecta a miles de personas que cada día la cruzan para trabajar.
Podría ser detenido
En Miraflores no están dispuestos a realizar una transición hacia la democracia. Nunca han reconocido la derrota y, lejos de cooperar, han emitido una orden de detención contra González que este viernes pretende poner fin a su exilio en España tras una gira por América en la que se ha reunido con varios mandatarios que le respaldan, desde el argentino Javier Milei a Joe Biden.
La doble investidura llega tras una escalada de tensión a nivel interno producida por la detención fallida de la número dos de González, María Corina Machado. Nada nuevo, ya en la campaña electoral sufrió un atentado orquestado por el chavismo y han sido varios los intentos por silenciar su voz. No solo la suya. Según Foro Penal hay 1.794 presos políticos en el país.