Fiscalía sustentó riesgo de fuga en el caso que involucra la contratación de transporte de material electoral.
El Poder Judicial (PJ) dictó impedimento de salida del país por 18 meses contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos (ONPE) Electorales, Piero Corvetto, y otros seis investigados en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de distribución de material electoral para los comicios del 12 de abril.
La medida fue adoptada a pedido del Ministerio Público, que sustentó la existencia de riesgo de fuga. Según la Fiscalía, durante el allanamiento a la vivienda de Corvetto, realizado el 24 de abril en el distrito de Miraflores, se hallaron documentos de viaje que evidenciarían la posibilidad de que abandone el país, pese a haber entregado sus pasaportes peruano e italiano.
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La disposición judicial también alcanza a José Samamé Blas, Juan Phang, Juan Alvarado, así como a Hilda Otoya, William García y Lilia Flores, quienes forman parte de la investigación.
El caso se centra en un presunto delito de colusión agravada entre funcionarios de la ONPE y la empresa Servicios Generales Galaga durante el proceso de contratación del servicio de transporte de material electoral a nivel nacional.
De acuerdo con la tesis fiscal, durante la evaluación técnica de las propuestas se habría aplicado un criterio adicional no contemplado en las bases, relacionado con la capacidad de carga de los vehículos. Este ajuste habría impactado en la calificación final de las empresas participantes.
Según el expediente, la empresa Hermes Transportes Blindados obtuvo 20 puntos en la evaluación técnica, mientras que Servicios Generales Galaga alcanzó el puntaje máximo de 50, lo que le permitió liderar el proceso con un total de 97.78 puntos frente a los 77.54 de su competidor.
No obstante, la evaluación económica otorgaba una mejor calificación a Hermes. La Fiscalía sostiene que, de haberse aplicado criterios distintos, dicha empresa habría superado la puntuación total de Galaga.
El contrato cuestionado fue suscrito el 19 de marzo de 2026 por un monto de S/ 6 368 332,70 para el servicio de transporte de material electoral en todo el país.
