El abogado de la presidenta Dina Boluarte pidió que la diligencia cambie de fecha, inicialmente sería el 10 de octubre. La nueva fecha es hoy 15 de octubre.
La presidenta Dina Boluarte acudió este martes 15 de octubre al Ministerio Público para rendir su manifestación en el marco de la investigación preliminar sobre su reunión con la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La investigación busca esclarecer su posible participación en los delitos de cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio en agravio del Estado, según informó su abogado, Juan Carlos Portugal.
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El letrado, a través de su cuenta en X, recordó que la audiencia inicial estaba programada para el pasado 10 de octubre, pero fue reprogramada para este martes a las 9:30 a.m. Dina Boluarte acudió a las instalaciones del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. Además, su abogado anunció que ofrecería una conferencia de prensa tras la diligencia.
A pesar de que Boluarte no asistió el 10 de octubre, su abogado no especificó los motivos para solicitar el cambio de fecha. Cabe destacar que el letrado había asegurado previamente en una entrevista que la presidenta respondería a todas las preguntas del fiscal de la Nación.
Testimonio de Jaime Villanueva y origen de la investigación
Esta nueva investigación surgió tras las declaraciones de Jaime Villanueva, ex hombre de confianza de Patricia Benavides. Villanueva afirmó que la exfiscal le ofreció a Boluarte archivar la investigación por las muertes durante las protestas a cambio de no retirar a Raúl Alfaro del cargo de Comandante General de la Policía Nacional.
Sin embargo, el abogado de Boluarte desmintió las declaraciones de Villanueva, asegurando que los testigos presentados por este han negado los hechos. Por ello, solicitó al Ministerio Público que archive la investigación y acuse a Villanueva por falsa declaración.
Investigación a Dina Boluarte y obstáculos
A pesar de que tanto Boluarte como su defensa han afirmado su disposición a colaborar con la justicia, han presentado varios recursos para frenar las investigaciones. Además de la reprogramación de la audiencia, existe una demanda de competencia interpuesta ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, lo que genera incertidumbre sobre el avance del proceso legal.