La presidenta Dina Boluarte aún no ha firmado la ley sobre detención preliminar, mientras la Defensoría del Pueblo insta a su promulgación para mejorar la eficiencia del sistema judicial
La reciente decisión del Congreso de restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia ha desatado un debate entre la ciudadanía, los sistemas judiciales y las autoridades. Aunque el Congreso aprobó la ley y la envió al Ejecutivo para su promulgación el 16 de diciembre, aún no ha sido firmada por la presidenta Dina Boluarte, lo que ha generado una serie de reacciones. La Defensoría del Pueblo ha exhortado al Ejecutivo a proceder con la publicación de la ley para que los jueces y fiscales puedan contar con esta herramienta legal.
Desde su cuenta oficial en redes sociales, la Defensoría, bajo la dirección de Josué Gutiérrez, reiteró su llamado al Ejecutivo para que la ley sea promulgada a la mayor brevedad. En su mensaje, destacaron que la norma representa una herramienta clave para el sistema judicial, permitiendo a las autoridades ejecutar de manera más eficiente su labor en la persecución de la delincuencia.
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En un reciente diálogo con RPP, el defensor Gutiérrez agregó que es crucial encontrar un equilibrio en la aplicación de la ley. Insistió en que las detenciones preliminares deben ajustarse a un marco legal adecuado para evitar abusos. «Es necesario que se hagan las modificaciones pertinentes para garantizar que las detenciones preliminares se realicen dentro de los límites de la legalidad», afirmó.
Aunque aún no se vence el plazo para la promulgación oficial de la norma, la demora ha sorprendido a muchos, ya que en ocasiones anteriores la publicación de leyes de este tipo se realizó con mayor celeridad. El debate sobre la pertinencia de la ley también sigue siendo un tema vigente en el ámbito político.
Eduardo Arana, ministro de Justicia, defendió la posición del Ejecutivo, señalando que el plazo para su promulgación aún está vigente. Arana también mencionó que algunas normas pueden exceder sus objetivos iniciales y ser utilizadas con fines distintos a la lucha contra la criminalidad.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, explicó que la demora se debe a un análisis exhaustivo de la medida. «Este es un tema delicado y no queremos tomar decisiones apresuradas que puedan tener consecuencias negativas. Estamos consultando con los sectores involucrados y, si es necesario, ampliaremos las consultas», señaló.
